Zapatero anuncia que el fondo para ayudar a la banca empezará a funcionar en noviembre.

 

 

AGENCIAS / PÚBLICO. ES – Madrid – 20/10/2008 18:15

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este lunes los dos decretos-ley de apoyo a las entidades financiras, dos normas que, según aseguró el presidente del Gobierno en su turno de cierre, José Luis Rodríguez Zapatero, “no son para la banca sino para los 45 millones de españoles”. Los dos decretos ley contaron con el voto favorable de una amplísima mayoría de la Cámara Baja, la otorgada por el PSOE, el PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPyD. Los diputados del BNG y de IU-ICV votaron en contra del decreto que permite al Estado la adquisición de activos y se abstuvieron en el de la concesión de avales a la banca, mientras que Nafarroa Bai respaldó este último y se abstuvo en el primero.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su discurso remarcando que el Banco Central Europeo ha remitido al Ejecutivo un “informe favorable” de las medidas financieras tomadas en España para paliar la crisis de los mercados.

“No queremos nacionalizar la banca”, dijo el presidente 

En su intervención para que el Congreso de los Diputados convalidara los dos decretos-ley con medidas de apoyo a la banca, Zapatero también anunció que el fondo para comprar activos de “máxima” calidad a la banca española empezará a operar en noviembre.

Zapatero señaló que los dos decretos-ley son “coherentes” con la coordinación que España ha demandado de la UE, y también las medidas acordadas por el conjunto de los países de la Unión, tanto en las reuniones del Ecofin como del Eurogrupo y el Consejo Europeo.

El presidente aseguró asimismo que el Ejecutivo ha actuado “de acuerdo con la urgencia que requería la gravedad de la situación” y ha adoptado estos “remedios extraordinarios” a las circunstancias específicas.

El origen, en Estados Unidos

“El origen de las turbulencias financieras se sitúa en EE UU”. Zapatero repitió esta idea en varias ocasiones a lo largo de su discurso. Las medidas adoptadas están destinadas a “restablecer la confianza” en la economía española, dijo el presidente. El objetivo es “poner a los bancos en situación de poder otorgar el crédito y la financiación necesarios, que son las únicas maneras de crear empleo”.

La primera de las normas prevé la creación de un fondo de hasta 50.000 millones de euros para comprar activos a los bancos y eleva de 20.000 a 100.000 euros por cuenta y entidad el aval del Fondo de Garantía. La segunda, permite que el Ejecutivo otorgue avales a las entidades financieras por un máximo de 100.000 millones de euros.

Rajoy apoya por “responsabilidad” 

El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha dado su visto bueno “por responsabilidad” a los dos decretos-leyes del Gobierno con medidas de apoyo a la banca, pero al mismo tiempo ha reclamado un plan de rescate para las familias y pequeñas empresas.

Durante su intervención en el debate en el Congreso de los Diputados, Rajoy ha asegurado que el efecto de las mencionadas iniciativas quedará “en nada” si no se acometen otras reformas “que se necesitan urgentemente”.

El líder del PP pidió un mayor control institucional por parte del Banco de España 

Para el líder del principal partido de la oposición, resulta difícil explicar a la ciudadanía que es necesario “apuntalar con dinero público el sistema financiero” si al mismo tiempo no se ayuda a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o a las familias “asfixiadas” por la hipoteca.

“Los ciudadanos miran con asombro cómo su gobierno les insta a poner encima de la mesa enormes cantidades de dinero, actuando como inversores y avalistas de entidades de crédito”, ha dicho Rajoy, que ha pedido al Gobierno que no se olvide de las familias y pequeñas empresas.

Asimismo, reclama un mayor control institucional por parte del Banco de España que, entre otras cosas, deberá ser el agente y depositario del fondo de hasta 50.000 millones de euros para la adquisición de activos financieros.

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Para el PP, la Ley sobre Reproducción Asistida no respondía “a una demanda social”

 ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • Hugo F. Silberman
  • HUGO F. SILBERMAN

    19/10/2008

 

El domingo 12 de octubre, día de la fiesta nacional, mientras el patriota Mariano Rajoy aguantaba estoicamente el “coñazo” del desfile de las Fuerzas Armadas, nacía en la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla el niño Javier Mariscal Puertas, noticia esta que se coló (fugazmente) entre las de la crisis económica-financiera. La trascendencia del nacimiento de Javier es inmensa en lo humano y científico, pero no se debe dejar de lado una cuestión previa sin la cual no habría tenido lugar tan maravilloso acontecimiento: voluntad política e ideología progresista.

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Javier tiene un hermano de seis años, Andrés, víctima de una extraña y rara enfermedad llamada beta-Talasemia major (anemia congénita severa), enfermedad hereditaria e incurable que obliga al enfermo (cada quince días) a recibir transfusiones de sangre, y una esperanza de vida que no pasa de los treinta y cinco años. La única posibilidad de cura es un trasplante de células madre extraídas del cordón umbilical de su hermano, para conseguirlo fue necesario someter a su madre a un Diagnóstico Genético Preimplantatorio, técnica basada en el análisis genético de embriones obtenidos por fecundación in vitro con el fin de transplantar al útero los que están libres de la enfermedad.

Nada de lo hasta aquí escrito hubiese ocurrido si no fuera porque lo permite la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 14/2006 de 26 de mayo), aprobada durante el primer gobierno Zapatero y que contó con la oposición y voto negativo de la derecha conservadora, para quienes, en palabras de la diputada Mercedes Roldós, “Los cambios introducidos no responden a una demanda social, ni siquiera a una necesidad técnica manifestada por las sociedades médicas (…) plantea cambios radicales que han sido desaconsejados por los comités de bioética de todo el mundo”. ¿Por qué todos los avances científicos y de libertades “no responden a una demanda social” para el PP?

Tampoco lo hasta aquí escrito hubiese ocurrido si no fuera porque en el año 2002 la Junta de Andalucía contrató como asesor del programa andaluz de investigación con células madre a un científico español, Bernat Soria, hoy ministro de Sanidad, que se tuvo que marchar a la Universidad de Medicina de Singapur para seguir desarrollando su actividad científica, que estuvo perseguida en la Comunidad de Valencia y por el Ministerio de Sanidad. En 2004, ya radicado en Andalucía, dirigió el Laboratorio Andaluz de Terapia Celular y en 2005 el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.

Otros serían los actores de esta historia si no fuera porque el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es parte integrante de la red sanitaria pública, universal y gratuita. Es importante remarcar este carácter porque demuestra que el acceso a las mas modernas técnicas científicas está al alcance de todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (se calcula que cada intento de fecundación cuesta unos 12 mil euros) y también el altísimo nivel científico y profesional de la sanidad pública, una reflexión muy apropiada en Madrid y Valencia, abocadas a una salvaje privatización y degradación del sistema sanitario.

Estadísticamente es probable que Javier sea bautizado en la fe católica ¿qué pensará el cura que oficie la ceremonia de la actitud contraria y beligerante de su Iglesia a la fecundación in vitro y la experimentación con células madre?

Bienvenido Javier, felicidades Andrés, gracias médicos, biólogos y a todo el personal del Hospital Virgen del Rocío, entre toda la porquería que estamos viendo y viviendo, vosotros aportáis vida y futuro.

Hugo Silberman es licenciado en Derecho y comentarista

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Javier tiene un hermano de seis años, Andrés, víctima de una extraña y rara enfermedad llamada beta-Talasemia major (anemia congénita severa), enfermedad hereditaria e incurable que obliga al enfermo (cada quince días) a recibir transfusiones de sangre, y una esperanza de vida que no pasa de los treinta y cinco años. La única posibilidad de cura es un trasplante de células madre extraídas del cordón umbilical de su hermano, para conseguirlo fue necesario someter a su madre a un Diagnóstico Genético Preimplantatorio, técnica basada en el análisis genético de embriones obtenidos por fecundación in vitro con el fin de transplantar al útero los que están libres de la enfermedad.

Nada de lo hasta aquí escrito hubiese ocurrido si no fuera porque lo permite la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 14/2006 de 26 de mayo), aprobada durante el primer gobierno Zapatero y que contó con la oposición y voto negativo de la derecha conservadora, para quienes, en palabras de la diputada Mercedes Roldós, “Los cambios introducidos no responden a una demanda social, ni siquiera a una necesidad técnica manifestada por las sociedades médicas (…) plantea cambios radicales que han sido desaconsejados por los comités de bioética de todo el mundo”. ¿Por qué todos los avances científicos y de libertades “no responden a una demanda social” para el PP?

Tampoco lo hasta aquí escrito hubiese ocurrido si no fuera porque en el año 2002 la Junta de Andalucía contrató como asesor del programa andaluz de investigación con células madre a un científico español, Bernat Soria, hoy ministro de Sanidad, que se tuvo que marchar a la Universidad de Medicina de Singapur para seguir desarrollando su actividad científica, que estuvo perseguida en la Comunidad de Valencia y por el Ministerio de Sanidad. En 2004, ya radicado en Andalucía, dirigió el Laboratorio Andaluz de Terapia Celular y en 2005 el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.

Otros serían los actores de esta historia si no fuera porque el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla es parte integrante de la red sanitaria pública, universal y gratuita. Es importante remarcar este carácter porque demuestra que el acceso a las mas modernas técnicas científicas está al alcance de todos los ciudadanos por el solo hecho de serlo (se calcula que cada intento de fecundación cuesta unos 12 mil euros) y también el altísimo nivel científico y profesional de la sanidad pública, una reflexión muy apropiada en Madrid y Valencia, abocadas a una salvaje privatización y degradación del sistema sanitario.

Estadísticamente es probable que Javier sea bautizado en la fe católica ¿qué pensará el cura que oficie la ceremonia de la actitud contraria y beligerante de su Iglesia a la fecundación in vitro y la experimentación con células madre?

Bienvenido Javier, felicidades Andrés, gracias médicos, biólogos y a todo el personal del Hospital Virgen del Rocío, entre toda la porquería que estamos viendo y viviendo, vosotros aportáis vida y futuro.

Hugo Silberman es licenciado en Derecho y comentarista

El filósofo Paolo Flores d’Arcais le expone a Rouco su gran confusión.

MACRO/VIDA

“La amenaza totalitaria se hace realidad cuando una institución decide por el ciudadano cómo debe ser su vida”

ELPLURAL.COM

Rapapolvo para Rouco Varela desde las páginas de opinión de El Pais. Al filósofo Paolo Flores d’Arcais no le han gustado nada las declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid, cuando volvió a acusar al laicismo de querer hacer realidad “la dictadura del relativismo ético”. A través de un pulcro y cristalino artículo, d’Arcais le explica a Rouco como jamás se podría comparar al laicismo con una dictadura, mientras que las intenciones de la Iglesia de hacer acatar a la sociedad sus normas sí son dictados.

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“Sólo se puede hablar de dictadura cuando a los ciudadanos se les obliga a aceptar, contra su voluntad, las decisiones de un poder autoritario”, dice d’Arcais. “La amenaza totalitaria se hace realidad tan sólo cuando una institución pretende decidir en lugar del ciudadano cómo debe ser su vida”.

Dios del amor
“¿Cómo un “Dios del amor” puede obligar a los enfermos terminales a sufrir meses de torturas?”, se pregunta d’Arcais en su artículo: “Es un amor verdaderamente extraño éste que se atribuye a Dios”. D’Arcais es categórico en la respuesta: “, al atribuir a Dios una crueldad semejante, demuestran ser los herederos -claramente no arrepentidos-, no de Francisco de Asís, sino del inquisidor Torquemada”.

Carácter pluralista
Según el filósofo italiano, “sólo se puede hablar de dictadura cuando a los ciudadanos se les obliga a aceptar, contra su voluntad, las decisiones de un poder autoritario”. En cambio, “el famoso relativismo laicista no pretende jamás obligar a nadie”, ya que representa “el carácter pluralista de una sociedad abierta”. Ese relativismo es el que ha permitido que “cada mujer escoja con libertad si quiere llevar a término su embarazo”.

“Dios no habla”
“La amenaza totalitaria se hace realidad tan sólo cuando una institución pretende decidir en lugar del ciudadano cómo debe ser su vida”, replica d’Arcais, quien confía en que Rouco “Varela no responda que el que dispone sobre mi vida, como de la vida de cualquiera, no es quien la vive sino Dios”. “Dios no habla, sino que son siempre seres humanos los que hablan en su nombre (cosa que, aparte de todo, es una forma de delirio de omnipotencia)”, explica el filósofo.

Discriminación de los no creyentes
Otra de las razones que esgrime d’Arcais para restar autoridad a Dios frente al laicismo es que “Dios existe para unos pero no para otros, y todos son ciudadanos”, así que, viviendo en una democracia “Dios no puede convertirse en argumento”, porque discriminaría a los no creyentes.

La disposición de la vida de la Iglesia
D’Arcais también le recuerda a la Iglesia las ocasiones en que ha sido ella la que ha optado por “disponer ilimitadamente de la vida”, como Rouco acusa al laicismo de hacer. “Rouco Varela sabe a la perfección que la Iglesia católica no ha condenado hasta hace muy pocos años, y con una formulación ambigua, la pena de muerte (que estuvo en vigor en la Ciudad del Vaticano hasta 1969)”. Y de paso hace una mención al servicio militar obligatorio, donde la lucha por la objeción de conciencia representa una de las batallas laicas “en las que la Iglesia católica NO ha participado”.

George Lakoff: “El centro ideológico no existe”.

George Lakoff

MANUEL RICO – MADRID – 19/10/2008 08:00
Una época en que la derecha de Estados Unidos nacionaliza bancos, la izquierda de España aprueba ayudas millonarias para salvar a las entidades financieras y el presidente francés propone “refundar el capitalismo”, es sin duda una época propicia para la reflexión política. Eso es lo que propone George Lakoff (Estados Unidos, 1941) en su libro Puntos de reflexión. Manual del progresista, que se publica esta semana en España.

Lakoff, un prestigioso sociolingüista que imparte clases en la Universidad de Berkeley, era un perfecto desconocido en España hasta hace dos años. En el otoño de 2006, el diputado socialista José Andrés Torres Mora encontró en la librería de la Complutense una traducción de su obra No pienses en un elefante, compró varios ejemplares y le dio uno al presidente Zapatero. Torres Mora también habló con José Blanco y el partido decidió regalar el libro a todos los miembros de la Ejecutiva socialista. Poco después, políticos y periodistas hablaban de Lakoff con enorme familiaridad.

El propio Torres Mora rememora las tres razones que le llevaron a convertirse en propagandista de No pienses en un elefante: “El libro explica que la derecha lleva tiempo invirtiendo en estrategias de comunicación, ofrece consejos interesantes sobre cómo argumentar desde un punto de vista retórico y apunta algunas ideas sustantivas sobre valores e ideas políticas”. Esas tres razones son perfectamente válidas para leer ahora Puntos de reflexión.

Trampas a evitar

El libro parte de la idea de que los progresistas llevan décadas cayendo en una serie de trampas. Aunque Lakoff cita una docena, hay tres que resultan especialmente significativas: la trampa del centrista, la trampa del racionalismo y la trampa reactiva.

Cree que las campañas no deben estar basadas en el racionalismo, sino en aspectos simbólicos

“El centro ideológico o político no existe”, escribe rotundo Lakoff, quien explica que en política “es imposible que la mayoría de los asuntos puedan colocarse en una escala lineal y los moderados estén siempre en el punto medio de las escalas. Primero, porque muchos de ellos son asuntos de «sí o no»: no hay escala”.

No existe el centro, pero sí existen lo que Lakoff llama “biconceptuales”, personas que en algunos aspectos de la vida son conservadoras y en otros son progresistas.

Para evitar la “trampa del centrista”, el pensador estadounidense cree fundamental no caer en la tentación de viajar al centro: “Muchos progresistas creen que deben «escorarse a la derecha» para conseguir más votos. En realidad es un error. Al acercarse a la derecha, los progresistas refuerzan los valores de la derecha y renuncian a los suyos; y, además, se alejan de sus bases”.

Por si no quedara claro, Lakoff recuerda que los conservadores no lograron el éxito acercándose a la izquierda, “tuvieron éxito activando la cosmovisión conservadora”.

Símbolos y marcos

Entre los progresistas, continúa Lakoff, impera el racionalismo, la creencia de que “la gente vota en función de los programas electorales y de las propuestas específicas de los candidatos”. Pero es otra trampa, porque los electores toman su decisión basándose “en los valores, la capacidad de transmitir, la autenticidad y la confianza” que les ofrezcan los candidatos. Frente al credo racionalista hay que primar, por tanto, las cuestiones simbólicas, morales y emocionales.

En cuanto a la “trampa reactiva”, Lakoff sostiene que se produce porque los progresistas han dejado que “en casi todos los temas los conservadores definan el marco del debate […] Los progresistas necesitamos un conjunto de políticas proactivas y de técnicas de comunicación para transmitir nuestros propios valores según nuestros propios términos”.

La necesidad de enmarcar los debates es una de las obsesiones de Lakoff; una obsesión comprensible porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la invasión de Irak como una “guerra contra el terrorismo” o como una “ocupación” de un país.

A enmarcar diversos temas de máxima actuadidad dedica parte de su libro Lakoff, y solo por lo que escribe sobre la moralidad y el mercado merece la pena leer este manual.

Robo ajustado a derecho.

 

Oct 2008

08:04 
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Tags: El latrocinio generalizado está en el origen de lo que estamos viviendo. Los cinco principales bancos americanos establecieron un sistema de incentivos que en 2007 repartió 353.089 dólares de media “por empleado”, en total 66.000 millones de dólares. ¿Cómo?, hinchaban artificialmente las cuentas para trincar. Aquí tenemos antecedentes. Los colegas de José Mari se pusieron unos sueldecillos dependientes de los beneficios de las empresas que incautaron (las privatizaron y se quedaron en ellas, así, por la cara), que no estaban nada mal, a alguno le sonará todavía aquello de las stock options del señor Villalonga en Telefónica.

El señor Alierta, su sucesor, se negó en la junta de accionistas, a pesar de que le ley le obligaba a hacerlo, a responder cuánto le habían pagado de indemnización cuando se fue, voluntariamente, a vivir a EEUU. Se abrió la veda. Hemos asistido recientemente a la absolución de dos consejeros del Santander Central Hispano que recibieron 56 y 108 millones de euros de indemnización por su salida del banco tras la fusión. A sus señorías les pareció adecuada y ajustada a la ley, ya que, con la fusión de los bancos, los accionistas obtuvieron beneficios. ¿Y qué? Por más que los jueces les echen una manita desinteresada, que los presidentes y consejeros de las grandes empresas metan mano en la caja se ha convertido en una práctica común que el más mínimo sentido de la decencia repele. Como la ley les permite todo, se crea un precedente moral que contamina a la tropa. En América han inventado el robo ajustado a derecho bajo la supervisión de los jefes que, al tener la parte más gorda del botín, autorizan prácticas fraudulentas. Rechazan el control y la intervención del Estado ¿Por qué? Mientras, se colocan cámaras para vigilar al ciudadano que pasea por la calle.

Esto no es un fallo del sistema, es la esencia del “libre mercado”. Así lo llaman, y está inventado para robar y para explotar a los trabajadores. Sin justicia no hay Estado de derecho.

El Gran Wyoming

Las residencias acusan la carencia de personal.

FOTO: MÓNICA PATXOT.

Los sindicatos denuncian que las comunidades no ordenan las inspecciones que deberían

 

VANESA PI – Madrid – 19/10/2008 18:18
Las denuncias por presunta negligencia que derivaron en la muerte de una anciana y la necrosis en la pierna de otra en una residencia concertada de Alcorcón (Madrid) pusieron de relieve la semana pasada, una vez más, la falta de medios de los asilos. El fallecimiento de otra residente del mismo centro, conocido sólo unos días después, precipitó la alarma.

El centro Amma de Alcorcón acaba de cumplir tres años. Sus instalaciones son nuevas. El problema no es la infraestructura. Los familiares de sus residentes llevan tiempo denunciando la falta de personal. Hasta que, el pasado día 7, la Comunidad ordenó una inspección sorpresa.

“Los controles son escasos, se producen cuando ya son problemas gordos”, denuncia la secretaria del sector Salud y servicios Sociosanitarios de UGT, Pilar Navarro. “Cuando la administración acredita a una empresa, luego tiene que supervisar si se han modificado los requisitos o no”, critica la responsable confederal de Política Social de CCOO, Pura García.
El peso del buen funcionamiento de una residencia recae, en buena medida, sobre quienes escuchan, curan, asean y dan de comer a los ancianos. “La carga del trabajo en este sector es el puntal del sistema; define si se está dando un servicio de calidad al ciudadano o no”, explica García.

De ahí, subraya, la importancia de que los centros cumplan con los requisitos mínimos que les exigen las comunidades autónomas, que son las que deben velar por el buen funcionamiento de las residencias, sean públicas, privadas o concertadas.

Diferentes baremos

A la falta de control de las residencias hay que sumar que hay tantos modelos con requisitos mínimos para acreditar a las residencias como comunidades autónomas. Además, las hay que exigen un determinado número de profesionales por cada 100 usuarios pero no especifican cuántos de éstos deben ser los que cuidan y atienden directamente a los residentes, según un estudio elaborado por CCOO.

A este hecho se une que los baremos que utilizan unas comunidades y otras no son siempre comparables. Por ejemplo: Aragón establece que las residencias deberán contar con servicio médico y, a partir de 100 plazas, médico propio. La Comunitat Valenciana, en la orden de diciembre de 2006 de la Consellería de Bienestar Social, exige un médico, y añade que establecerá ratios diferentes según el tamaño del centro residencial. Las exigencias son diferentes sobre papel y también en la práctica. Los sindicatos apuntan que las comunidades no siempre exigen a las residencias el nivel mínimo de profesionales por usuario con que se llenan la boca.

Sólo una de cada cuatro residencias son públicas. En cuanto a las plazas, el 55% son privadas, el 22% concertadas y el 23% públicas, según datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que agrupa a medio millar de profesionales responsables de centros y de toda la península.

Mejor, pocas inspecciones

La mayoría de residencias que se construyen son privadas, con las que luego las administraciones conciertan plazas. De esta realidad derivan otras perversiones del sistema, que se denuncian en voz baja. Según los sindicatos, es más fácil para las comunidades que no se multipliquen las inspecciones. Si hubiera que clausurar más centros, miles de ciudadanos quedarían en la calle, sin una residencia alternativa a la que acudir.
Por otra parte, algunas comunidades pagan las plazas por debajo de su coste real, lo que les resta autoridad para exigir a los asilos que cumplan con sus exigencias. “Las cosas se pueden hacer mejor”, asegura Pura García.

Igualar las ratios, el reto de La Ley de Dependencia

La Ley de Dependencia tiene por delante un reto importante: igualar la calidad de las residencias en toda España. Para ello, es necesario establecer unos requisitos mínimos para conceder la acreditación a los centros. La variedad de modelos que hay sobre la mesa explica las dificultades que tienen las comunidades y el Ministerio de Asuntos Sociales para llegar a un acuerdo. Llevan meses debatiendo y no parece que el debate se vaya a zanjar pronto. Las ratios que se decidan deberán estar aplicadas en 2011. “Se deberían doblar las plantillas”, explica Pura García, de CCOO. La Secretaria Confederal para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, explica que el acuerdo es complicado porque hay comunidades que tienen una infraestructura y calidad de residencias muy inferior a otras. Si para llegar a un acuerdo se establecieran requisitos mínimos muy vagos, ambas representantes sindicales coinciden en que se acabaría con el espíritu de la ley.