Prisión incondicional para los principales implicados en la última trama de corrupción en Baleares

POLÍTICA

Se acumulan los escándalos de la era Matas

V.V.

El juez ha decretado prisión incondicional para las dos principales imputadas en la última trama de corrupción vinculada con el antiguo gobierno de Jaume Matas en Baleares, relacionada con el Consorcio de Desarrollo Económico de las islas (CDEIB). La gerente de la institución, Antonia Ordinas, y su esposa, la soprano Isabel Roselló (en la foto), están acusadas de los presuntos delitos de malversación de fondos, falsificación de documentos y fraude a la Hacienda Pública. También se ha decretado detención judicial para el último de los imputados, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene. El resto de los detenidos han quedado en libertad con cargos.

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Tras declarar ante el juez esta mañana, Ordinas y Roselló tendrán que ingresar en prisión provisional por su implicación en la conocida como operación Scala, la última trama de corrupción del anterior gobierno del popular Jaume Matas. En ella está también implicado el ex director general de Promoción Industrial de Baleares, Kurt Viaene, que tras declarar hoy ante el juez pasa a una situación de detención judicial (ingresará en la cárcel durante un tiempo máximo de 72 horas y tendrá que volver a declarar).

Avaló a Ordinas
Según fuentes de la investigación, Viaene avaló y participó desde la Consellería de Industria las acciones de promoción de Ordinas, principal imputada, y está asociado con ella en la empresa privada internacional Global Bussiness Active Strategies. Desde su cargo habría devuelto 19.000 euros de dietas sin justificar al Consorcio de Desarrollo, la misma cantidad que se le había pedido a la gerente y que ésta se negó a abonar.

Ocho millones de deuda
La investigación, que comenzó el pasado mes de abril después de que la Fiscalía Anticorrupción acusara a Ordinas de recibir en su casa, en mano y sin testigos, comisiones ilegales de los empresarios implicados en la trama, a los que a cambio adjudicaba contratos millonarios. El CDEIB presenta por estas actuaciones una deuda de ocho millones de euros acumulada durante la pasada legislatura.

Comisiones de hasta el 40%
Según las declaraciones de algunos de los empresarios implicados, Ordinas pudo ingresarse una media del 25 por ciento de las facturas de cada contrato, en algunos casos, las comisiones llegaban al 40 por ciento. El total desviado de los fondos públicos de la Consejería ronde el millón y medio de euros, dinero que en su mayoría fue derivado a las cuentas privadas de Roselló.

Empresas familiares
Además, el matrimonio tenía, según la Fiscalía, numerosas empresas a través de las que cobraban del consorcio por informes, tareas de consultoría, cuestionarios y bases de datos. A ambas se las acusa, entre otros delitos, de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

Doce implicados
En total son doce los implicados en el caso En total, son doce los implicados en el caso. De los seis que declararon hoy ante el juez, tres han sido puestos en libertad con cargos.

Otras tramas
Esta operación es la última de una nutrida trama de acciones legales contra el anterior Gobierno balear, liderado por el popular Jaume Matas. Recientemente salió a la luz otra trama relacionada con el Consorcio de Turismo Joven, que cuenta con once imputados relacionados con el ex presidente, y se ha cobrado un agujero de cerca de dos millones de euros.

Dinero público y prostitución
En las islas también han salido últimamente a la luz escándalos relacionadaso con la prostitución, como el caso del ex edil de Urbanismo de Palma de Mallorca, Rodrigo de Santos. El dirigente popular, muy religioso y conservador, está acusado de haber utilizado dinero público para costearse los servicios de clubes de alterne de tendencia homosexual, e incluso se le acusa de haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad.

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La Fiscalía investiga las protestas de los trabajadores sanitarios contra el consejero Güemes

POLÍTICA

Los sindicatos le acusan de criminalizar su actividad en lugar de solventar los conflictos laborales

 

V.V.

La Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación para identificar a los posibles autores del altercado que protagonizó ayer el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, durante su visita al hospital Clínico San Carlos. Güemes fue abucheado por quinta vez en once días por un centenar de trabajadores del centro. El choque entre el político y el personal sanitario acabó en un rifirrafe que se saldó con tres detenidos. Los sindicatos lamentan que se criminalice su acción en lugar de poner fin al conflicto laboral que vive la sanidad en la región.

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Las últimas cinco visitas a hospitales del consejero madrileño de Sanidad han acabado de la misma manera: con abucheos y gritos contra la privatización del sistema sanitario por parte de trabajadores y sindicatos. La protesta de ayer durante la inauguración de la nueva sala de cardiología del hospital Clínico San Carlos llegó más lejos y acabó con la detención de tres de los manifestantes: un trabajador de mantenimiento, un celador y un delegado del sindicatos MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad).

Mera “oposición política”
La Fiscalía ha anunciado que abrirá diligencias para esclarecer los hechos que, según el consejero, responden a una mera “oposición política” al Ejecutivo de Aguirre. A su juicio, las constantes manifestaciones a favor de la sanidad pública en la región no responden a reivindicaciones laborales propias de los sindicatos, de quienes ya había asegurado que con sus sueldos podría construirse un nuevo hospital.

Represión “franquista”
Según el MATS, los detenidos fueron arrestados por la policía en medio de una “inusitada violencia” y después de haber sido “agredidos por antidisturbios”. El sindicato mostró su indignación por la “represión policial ejercida contra los trabajadores”, a la que tacharon de ser “propia de los tiempos del franquismo”.

“Campaña de provocación sistemática”
También CC.OO. y UGT criticaron el conflicto y aseguraron que “nunca se gestionaron tan mal las relaciones laborales en el sector sanitario como en esta legislatura”. A su juicio, Güemes “ha optado por la huída hacia delante” ante las protestas de los trabajadores y ha iniciado una “campaña de provocación sistemática a los trabajadores sanitarios y sus representantes sindicales” para generar “un conflicto de orden público que enmascare el conflicto laboral que es incapaz de abordar”.

Las causas del conflicto
Para estos sindicatos, no existen motivaciones políticas en las protestas como apunta el consejero, sino que “los causantes de los conflictos” son la apertura de nuevos hospitales “sin incremento de personal” modificando “las condiciones laborales de los trabajadores” y el “boicot que está practicando el señor Güemes a la negociación colectiva y el escaso respeto a los acuerdos vigentes”.

“Gravísima responsabilidad de los sindicatos”
El vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, en cambio, culpó a los sindicatos de la tensa situación que vive la sanidad y aseguró que estas agrupaciones “tienen una gravísima responsabilidad en este punto”. A su juicio, las protestas en los hospitales no son comprensibles, porque el consistorio de Aguirre “lleva cinco años haciendo una apuesta decidida por la sanidad madrileña” y ha hecho “una inversión brutal para mejorar las infraestructuras.