EL 20% DE LA POBLACIÓN VALENCIANA VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA

 SIN QUE EL GOBIERNO DEL PP DESARROLLE LA LEY DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, DENUNCIA UGT

El sindicato UGT-PV ha exigido a la Generalitat la “inmediata aplicación” de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía en la Comunitat Valenciana, donde el 19,6 por ciento de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa.

En un comunicado, UGT-PV insta a que se den los últimos pasos para su puesta en marcha, como la aprobación de la Orden que fija el modelo de solicitud y el procedimiento para acogerse, y la creación de las Comisiones Mixtas que se encargan de realizar el Plan de Reinserción Laboral de las personas beneficiadas de la Ley.

Decreto paralizado. La UGT-PV recuerda que el pasado 8 de julio fue aprobado el Decreto que regula la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, recogida en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y que reconoce el derecho a una renta para aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión social. En la Comunitat Valenciana, según el sindicato, un 19,6% de los ciudadanos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa, es decir que uno de cada cinco ciudadanos y ciudadanas valencianas vive con menos de 565 euros mensuales.

Ayudas de hasta 603 euros en el aire. Con esta ley, aquellas personas que tengan una edad entre 25 y 65 años y que se encuentren en situación de exclusión social tendrán derecho a recibir una renta mensual que oscilará entre los 373,89 euros y los 603,05, siempre y cuando exista voluntad por parte de la persona destinataria a seguir un itinerario de inserción sociolaboral, con el objeto de evitar su permanencia en la situación de exclusión social.

El PP vulnera un derecho universal. No obstante, ha criticado que de la lectura del Decreto aprobado se intuye que se tratará de una Orden que regulará una convocatoria, por lo que de ser así se abriría un plazo de tiempo determinado para solicitar la renta garantizada limitándola en el tiempo. Para la UGT-PV, este hecho “entraría en contradicción con el reconocimiento de un derecho, que es de carácter universal y que no puede verse vulnerado, ni por un Decreto ni por una Orden. “Si cuando hablamos de Renta Garantizada de Ciudadanía hablamos de un derecho, no deben haber ni plazos ni limitaciones de tiempo para acogerse a ella”, ha considerado el sindicato.

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