Agencias | 14:15 – 20/06/2008
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el texto refundido de la Ley de Suelo, cuyo objetivo principal es, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, fomentar la transparencia y «evitar y detectar rápidamente» la corrupción urbanística. Corredor ha asegurado que la política de vivienda contará con la dotación «correspondiente» y no se va a «resentir» por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Corredor destacó que esta norma recoge para evitar la corrupción urbanística, entre otras medidas, que todas las recalificaciones de terrenos que supongan plusvalías deben identificar a los propietarios de los mismos durante los últimos cinco años, de tal forma que todos los ciudadanos sepan a quién benefician las decisiones de sus representantes.
Los convenios urbanísticos
En segundo lugar, añadió, la Ley del Suelo establece que los convenios urbanísticos, que hasta ahora eran «un instrumento opaco», sean sometidos al mismo trámite de información pública que el resto de las normas urbanísticas, al tiempo que la regulación somete los convenios urbanísticos al mismo procedimiento de formación que los planes urbanísticos generales.
Además, recordó que los concejales y directivos municipales tienen la obligación de hacer declaración pública de todos sus bienes y patrimonio, así como de sus participaciones en las sociedades mercantiles. Esta información, indicó Corredor, tiene que someterse a los registros públicos.
«Igualmente, existe una prohibición expresa que dura dos años desde que el edil o responsable municipal deja su puesto hasta que puede volver a trabajar en algo de lo que haya legislado», subrayó Corredor, tras insistir en que la decisión del Gobierno en la lucha contra la corrupción urbanística es «decisiva y determinante, pero no es una novedad».
El caso de Estepona
Preguntada expresamente por qué el ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde han sido detenidos su alcalde y algunos de sus concejales por presunta corrupción urbanística, no disponía de un registro con la declaración de bienes de sus ediles, Corredor señaló que los ayuntamientos que no lo tengan están «incumpliendo» con la Ley del Suelo porque todos cuentan con registros municipales que les permiten incluir estas declaraciones.
El texto refundido de la Ley del Suelo aprobado hoy, tras el preceptivo dictamen positivo del Consejo de Estado y que recoge las aportaciones de las comunidades autónomas, la FEMP y los agentes del sector inmobiliario, aglutina toda la normativa y se convierte en el código básico único para el funcionamiento del mercado y para las nuevas políticas de ordenación del territorio.
De esta forma, el Gobierno cumple los plazos de aprobación del texto integrado, que expiraban el próximo 1 de julio, fecha en la que la Ley de Suelo cumple su primer aniversario desde su entrada en vigor.
Según Vivienda, la citada Ley se convierte así en un código unificado para actuar como herramienta para conseguir un ordenamiento del territorio «sostenible», para frenar el mercado especulativo del suelo, para combatir la corrupción urbanística y para abrir los procesos inmobiliarios a los ciudadanos.
Hasta ahora, a pesar de la aprobación de la Ley de Suelo, aún existían una serie de códigos normativos dispersos procedentes de la anterior ley de 1992.
Austeridad presupuestaria
La política de vivienda contará con la dotación «correspondiente» y no se va a «resentir» por la austeridad que el Gobierno pretende imprimir en los próximos presupuestos, aseguró Corredor. «En cualquier caso, la promoción de 1,5 millones de viviendas protegidas a diez años es un compromiso que podemos mantener», explicó la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Asimismo, Corredor recordó que para el desarrollo de este objetivo Vivienda cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos en los respectivos territorios.
La titular de Vivienda también se refirió al papel que la promoción de este tipo de pisos, junto a la rehabilitación de áreas urbanas, para absorber trabajadores que se queden sin trabajo en la edificación de viviendas libres. «Una de las políticas que el Gobierno quiere impulsar para que los trabajadores tengan una salida es la potenciación de la vivienda de protección oficial (VPO), y además en estos momentos se da una coyuntura muy adecuada para ser impulsada», subrayó la ministra.
En cuanto a la rehabilitación de áreas urbanas, Corredor destacó que presenta una posibilidad de absorber mano de obra y materiales de construcción de empresas auxiliares «incluso más intensiva que la construcción nueva».
con caracter retroactivo 