POLÍTICA
Los socialistas imputados por corrupción se ganan la expulsión inmediata, no así en el PP
V. VADILLO
Nada más conocerse la detención del alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, y otros seis ediles de la localidad por un presunto delito de corrupción urbanística, el PSOE ha reaccionado expulsando del partido al mandatario. La inmediatez de esta medida choca con la actitud que viene manteniendo el PP en municipios donde dirigentes de sus filas están también siendo juzgados por asuntos relativos a la corrupción urbanística, algo que ha criticado el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta.
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Pocas horas después de que comenzara la investigación policial en Estepona contra su alcalde, el socialista Antonio Barrientos, y otros seis concejales presuntamente implicados en una trama de corrupción urbanística, la Ejecutiva regional del PSOE ha iniciado los trámites para la expulsión de Barrientos y de cualquier otro implicado en el caso. Así lo ha confirmado el secretario de Política Municipal socialista, Álvaro Cuesta, quien apuntó que “el PSOE tiene una doctrina de tolerancia cero contra la corrupción” y que, por ello, “siempre ha actuado y actuará con la misma contundencia en los casos en que se han visto implicados militantes del partido”.
Castigos a los socialistas
Este castigo inmediato se ha repetido en otros municipios en los que ediles socialistas se han visto implicados en delitos relacionados con el urbanismo, como en Ciempozuelos (Madrid), donde se apartó del partido a su alcalde, implicado en un presunto delito de cobro de comisiones ilegales. Lo mismo ocurrió en el caso del alcalde de Carral (Alicante), que fue expulsado de las filas socialistas al saberse que permitió en el municipio la construcción irregular.
La actitud del PP
Sin embargo, tal como destacó Cuesta, la actitud mantenida por el PP en los asuntos relacionados con la corrupción urbanística dista mucho de esta: las filas populares acogen entre sus cargos públicos a decenas de imputados por escándalos urbanísticos en toda España. Uno de los casos más llamativos es, por ejemplo, el de el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra quien hay abiertos varios procesos judiciales.
Fabra, absuelto por las urnas
Pese a estar imputado como presunto autor de delitos de tráfico de influencias, fraude fiscal y falsedad documental, mantiene todos sus cargos en el PP de Castellón y ha recibido en todo momento el apoyo de la dirección nacional de la formación, hasta el punto de haber dirigido en las pasadas elecciones la campaña del partido en su provincia. Tras las últimas elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP castellonense consiguió mejorar sus resultados, el político aseguró que los electores le había «absuelto con sobresaliente cum laude»
El caso de Totana
Además, el PP mantiene al frente de varios Ayuntamientos a dirigentes que, de uno u otro modo, están siendo investigados por la justicia. Así ocurrió recientemente en Totana (Murcia), donde su alcalde, José Martínez Andreo, fue detenido en 2007 por el presunto pago de comisiones millonarias ilegales. El dirigente continúa a día de hoy siendo alcalde con el respaldo de los populares.
Otros Ayuntamientos populares
Esta situación se repite en otros municipios como Telde (Gran Canaria), cuyo alcalde no dimitirá ni será expulsado pese a que varios miembros de su equipo están implicados en una red de cobro de comisiones ilegales. En Orihuela (Alicante), el alcalde popular continúa dirigiendo el Ayuntamiento, aunque reconoció ante el juez que benefició a un promotor, y tiene otras quince denuncias abiertas relacionadas con el urbanismo. Torrevieja (Alicante) es otro ejemplo: su alcalde sigue en su cargo, y se presentó a las municipales de 2007 aunque en ese momento estaba imputado por varios delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Alcaldes imputados
En este sentido, Cuesta exigió “que el Partido Popular explique a todos los ciudadanos por qué no actúa con la misma contundencia contra los casos de corrupción surgidos en sus filas”. En los dos últimos años, seis alcaldes populares (los de Telde, Andratx, Alhaurín el Grande, Mogán, Totana y Torre Pacheco) han sido detenidos por casos de corrupción.
con caracter retroactivo 
Usted ha dejado atrás el caso de Mogán, municipio grancanario donde el alcalde del PP Francisco González González, está imputado por más de 10 delitos de corrupción urbanística, fraude electoral y más…… Aún así su partido le permitió presentarse en las elecciones locales de 2007 y mirando a los votantes a los ojos, dijo «he sido absuelto» (suponemos que quiso decir «suelto tras 72 horas detenido»), obviando que fue CON cargos y con retención de pasaporte. Así logró convencer a cientos de votantes que todo había sido un entramado del partido contrario y muchas personas le votaron. Cuando unos meses después de las elecciones recomenzaron a salir en prensa las pesquisas de las imputaciones, muchos ciudadanos se indignaron de que se hubiera podido presentar a cargo publico con ese «San Benito» colgado.
La Justicia obra demasiado lento y hay importantes vacíos legales para este tipo de casos. Así si un partido no está atento a quienes ostentan sus siglas, se le cuelan personas sin escrúpulos. A no ser que sea ese el tipo de candidato que desean presentar……