LA ADMINISTRACION DEL ESTADO INCORPORA CRITERIOS AMBIENTALES PARA ADQUIRIR PRODUCTOS Y SERVICIOS.

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La Administración del Estado incorpora criterios ambientales para adquirir productos y servicios

El Gobierno pone en marcha el Plan de Contratación Pública Verde

11/01/2008El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado (AGE), sus Organismos Públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Se trata de implantar prácticas respetuosas con el medio ambiente en la contratación pública, de forma que se alcance, en 2010, la meta fijada por la Unión Europea en la Estrategia revisada para un Desarrollo Sostenible.

El Plan establece objetivos cuantificados en la incorporación de criterios ambientales para adquirir y contratar grupos de productos, servicios y obras considerados como prioritarios, lo cual de ningún modo debe suponer mayor gasto presupuestario.

Todas las medidas contenidas en el Plan conceden plazos razonablemente dilatados (desde 2010 hasta 2015), con el objeto de que los mercados puedan adaptarse sin dificultad. Y las exigencias contenidas en las normas o certificaciones solicitadas  responden a niveles actualmente disponibles, por lo que las adquisiciones de productos ecológicos podrán realizarse sin dificultad.

La puesta en marcha de un plan de ‘compras verdes’ en España comporta beneficios ambientales directos, así como beneficios socioeconómicos ligados a la importancia de la Administración Pública como agente económico que compra y contrata servicios. En este sentido, se puede destacar que, en el marco europeo, la contratación de suministros, servicios y obras en las Administraciones Públicas suman 1,5 billones de euros anuales, una cifra que representa el 16 por ciento del Producto Interior Bruto Comunitario.

Desde el punto de vista económico, el Plan se traducirá en una mayor racionalidad ambiental de las compras públicas y se convertirá, seguramente, en un impulso orientador de una producción más respetuosa con el entorno. Y ello, según estudios europeos, redundará en la ampliación de estos mercados, con un efecto positivo sobre los precios.

La Administración Pública constituye, en efecto, uno de los principales motores de cambio que pueden contribuir decisivamente al cambio de las economías de escala de productos y tecnologías ambientalmente menos dañinos con el entorno, fomentando cambios en el sector productivo.

ESTRATEGIA EUROPEA

La citada estrategia comunitaria de ‘compras verdes’ surgió como conclusión de un estudio encargado por la Comisión Europea, en 2005, en el que se analizaron mil pliegos de contratación y otro tantos cuestionarios realizados a los entonces 25 Estados miembros. El estudio reveló que siete países —Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido— consideraban un mayor número de criterios ambientales en sus contrataciones. De ahí surgió el objetivo operativo general de “aspirar a alcanzar para 2010 en toda la Unión Europea un nivel medio de contratación pública ecológica igual al que han alcanzado hasta ahora los Estados miembros más sobresalientes (para más información, puede consultarse en internet el informe final del estudio Green Public Procurement in Europe en la página web http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm).

El Plan español, por tanto, responde a los objetivos comunitarios y, a su vez, pretende ser complemento y servir de apoyo a la implantación de otras políticas estatales de defensa del medio ambiente como el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los edificios de la Administración General del Estado, el Proyecto de Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia horizonte 2007-2012-2020.

PAUTAS DE AHORRO Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Cada grupo de productos cuenta con objetivos específicos establecidos en el texto del Plan de Contratación Pública Verde de la AGE. El Plan hace suyo el objetivo  del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de lograr un ahorro energético del 9 por ciento en 2010 y el 20 por ciento en 2016, y añade el de conseguir un ahorro de agua del 20 por ciento, además de la garantía de mejoras ambientales generales de los edificios en casos de rehabilitación integral o en el mantenimiento de los mismos. Se consideran, por supuesto, todas las fases, desde la elaboración de los proyectos hasta la ejecución de las obras.

En cuanto a materiales, en general, criterios como el de la utilización de materiales naturales próximos (frente a materiales elaborados o que requieran una gran cantidad de energía en su transporte); el que sean fácilmente recuperables al final de su vida útil y con baja emisión, entre otros.

En materia de transporte, el Plan pretende conseguir una disminución de la contaminación atmosférica generada por los vehículos de la AGE y una reducción del 20 por ciento del consumo total de combustibles fósiles en referencia al año 2006. Para ello, se establece que, en el horizonte de 2012, el parque móvil deberá consumir un 38 por ciento de biocombustibles sobre el total de combustibles consumidos. Por otro lado, se procurará incrementar el uso del transporte público para acceder a los actos.

En cuanto a la energía, los objetivos son los contemplados en el Plan de Ahorro y eficiencia energética para los edificios de la AGE. En equipos de oficina, se prevé una reducción del consumo de energía y de papel, así como el uso de papel reciclado, entre otros. Cabe reseñar, en este punto, que los resultados de un estudio de comparación del mercado de ordenadores personales en varios países concluyó que, en España, la realización de una ‘compra verde’ frente a una convencional produciría un ahorro del 4 por ciento en los costes totales y la misma comparación, en pantallas de ordenador, sitúa el ahorro en un 16 por ciento. Y, en impresoras láser, la ‘compra verde’ sería incluso un 38 por ciento más barata.

Sobre la calidad ambiental del papel, los dos aspectos claves a considerar son: el origen de la fibra-reciclada o no reciclada y el impacto en el proceso de elaboración. En este apartado, el texto establece que, en 2010, se deberá alcanzar un consumo de papel reciclado del 50 por ciento y, en 2015, esa cifra deberá ampliarse hasta el 90 por ciento. Además, en 2015, la AGE deberá reducir el número de publicaciones en un 40 por ciento respecto al año 2006. En lo referente a los productos de limpieza hechos de papel, el cien por ciento será de origen reciclado en 2010.

El mobiliario es otro de los ítems que contempla varios aspectos a tener en cuenta. Por lo tanto, se establece que debe comprarse madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible y sin utilización  de sustancias tóxicas en su tratamiento. Por otro lado, se fija como criterio de adjudicación la garantía de disponibilidad de recambios por cinco años.

En síntesis, el Plan de Contratación Pública Verde significa el primer gran paso de un verdadero cambio de hábitos en la gestión y el consumo.

En la imagen, un surtidor de biodiesel para el Parque Móvil del Estado.

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LA UE PRESENTA SU PLAN ENERGÉTICO PARA 2020

España tendrá que doblar el uso de renovables y emitir un 10% menos de dióxido de carbono

  • Durao Barroso cifra el proyecto en tres euros semanales por europeo
  • Los ecologistas denuncian que los objetivos son arbitrarios
  • Las metas quedan por debajo de lo que exigió la UE en Bali
Aerogeneradores en el monte Oiz, Vizcaya. (Foto: El Mundo)

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Aerogeneradores en el monte Oiz, Vizcaya. (Foto: El Mundo)

Actualizado miércoles 23/01/2008 17:48 (CET)
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MARÍA RAMÍREZ (Bruselas)

BRUSELAS.- En 2020, España deberá producir el 20% de su energía con el Sol, el viento, el agua o la materia orgánica y tendrá que haber cortado sus emisiones de dióxido de carbono al menos un 10% respecto a 2005, según el plan presentado hoy por la Comisión Europea.

Esto supondrá doblar el nivel de energía renovable, que ahora apenas supera el 8%, y pasar del aumento controlado de CO2 a una clara reducción. Según el Protocolo de Kioto, la UE debe rebajar sus gases de efecto invernadero un 8% antes de 2012 en relación a 1990, pero España, por su retraso industrial, puede aumentarlos un 15% -en la actualidad, sin embargo, es el país que más incumple Kioto y ha incremento su producción de dióxido de carbono hasta un 45%.

La receta de la Comisión para la lucha contra el cambio climático es ahora ’20-20-20 para 2020′: no es una cábala, sino el plan para que los Veintisiete consigan en la próxima década ser más limpios, con un 20% de su energía de fuentes renovables, más eficaces, con un quinto de menos de consumo, y menos contaminantes, con una bajada del 20% las emisiones de dióxido de carbono.

En marzo de 2007, los líderes de la UE, presididos por la canciller Angela Merkel, se comprometieron a objetivos vinculantes para la lucha contra el cambio climático, pero su desarrollo concreto por sectores y países ha suscitado la resistencia de los Estados miembros, que quieren que les toque menos en el reparto de medidas con un coste inmediato anual de entre 50.000 y 120.000 millones de euros, es decir hasta el 1% del PIB europeo, y de los grupos ecologistas, que se quejan de la escasa ambición en Bruselas.

“Éste no es un plan por el medioambiente y contra la economía”, aseguró ayer José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión, en una comparencia en la Eurocámara, tras una larga e intensa discusión entre sus comisarios. “Deberíamos hablar más de ganancias que de costes. Estas propuestas van a crear puestos de trabajo y no destruirlos; van a dar a nuestras compañías la ventaja de los primeros en llegar”, dijo en rueda de prensa.

El portugués, que estima el coste del plan en tres euros semanales o lo que cuesta llenar el depósito tres veces al año, recordó que “la inacción” pasaría una factura de entre el 5% y 20% del PIB, de acuerdo al informe del economista Nicholas Stern para el Gobierno británico.

Se calcula que el coste anual del proyecto será de 120.000 millones de euros


Según la batería de propuestas, conocidas entre los funcionarios comunitarios como ‘el paquete’, las industrias más contaminantes, como las eléctricas, las papeleras o las cementeras, estarán obligadas a reducir en toda la UE sus emisiones un 21% respecto a 2005, aunque la Comisión no se ha puesto de acuerdo sobre si tendrán que pagar más por sus permisos de contaminación a partir de 2013 (ahora sólo lo hacen si emiten más del tope asignado en un sistema que, según la propia Comisión, no está funcionando bien); el resto de sectores sectores, como el transporte, la agricultura, la construcción o la gestión de basuras, estarán sometidos al máximo paneuropeo del 10%, dividido por países según su riqueza y sus posibilidades.

Tras las presiones de la industria alemana, bien protegida por su comisario, Günter Verheugen, Barroso reconoció que existe un “riesgo” de que algunas empresas europeas muevan sus divisiones a China u otros países con estándares medioambientales bajos. Por ello, la obligación para algunas industrias de comprar permisos dentro del mercado de emisiones se decidirá en 2010, en función de si existe o no un nuevo acuerdo global para la reducción de emisiones que también obligue a los países en vías de desarrollo.

Además, también se reparte la meta general de lograr que el 20% de la energía renovable. Los países más ricos y que más han desarrollado la tecnología hasta ahora se convertirán en los más limpios, como Suecia, cuya mitad de la energía tendrá que ser renovable –ya roza el 40%-, Dinamarca o Finlandia. Entre los ricos, destaca por su punto de partida tan deficiente, Reino Unido, que deberá llegar sólo al 15% de renovables, porque ahora menos del 2% de su energía deriva de estas fuentes limpias.

Los países del Este son los que, dado su retraso, tendrán las metas más modestas tanto en renovables como en emisiones totales, aunque a ninguno se le permitirá aumentar sus gases más de un 20% -el caso de los más pobres, Rumanía y Bulgaria. Según el nuevo sistema de comercio de renovables, además, los países que no lleguen a su objetivo, podrán comprar certificados limpios en otros de la UE.

Las industrias más contaminantes tendrán que reducir sus emisiones respecto a 2005


“Si a Luxemburgo, el ejemplo clásico por su tamaño, le sale muy caro instalar un parque eólico, puede gastarse menos financiando la energía renovable en Rumanía”, explica un experto comunitario, responsable del ‘paquete’. Este sistema, que criticaba España, porque quiere seguir manteniendo su modelo de subvención de las renovables y que la distribución quede en manos del Estado y no las industrias, será optativo.

Además, la Comisión añade conserva dos propuestas criticadas, una directiva para permitir que se filtre el carbón de las emisiones y se entierre bajo el suelo y el fondo marino y el 10% obligatorio de biocombustibles para el transporte, pese a la polémica sobre su eficacia y el impacto en el medioambiente.

La Cámara de los Comunes británica critica en un informe la elección “prematura” vistos “los riesgos medioambientales importantes asociados con las tecnologías actuales”. Aunque, la semana pasada, se filtró un informe interno de expertos de la Comisión donde se alertaba de los mismos peligros, el comisario de Energía, Andris Piebalgs, sigue defendiendo la opción, “la única alternativa al petróleo”, que produce más CO2 en su extracción y transporte, daña las economías europeas por su precio en ascenso y, según Barroso, está en manos “de países que no son nuestros amigos”.

Greenpeace se queja de que cuando los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete acordaron, hace casi un año, el objetivo de biocombustibles lo ligaron a que fueran “sostenibles”. “Crecen las evidencias de que esta condición no se puede cumplir”, escribe el grupo, en un análisis de las propuestas de la Comisión, que exige emplear tipos de biocombustibles que supongan un ahorro “sustancial” de emisiones respecto al petróleo, es decir al menos un 35%. Los ecologistas y el Parlamento Europeo recomiendan, al menos, un 60% para que merezca la pena su uso.

Además, Greenpeace y otras ONG aseguran que el “20-20-20” es igual de pegadizo que arbitrario, porque los líderes de la UE se comprometieron a rebajar al menos un 30% las emisiones de efecto invernadero si había un acuerdo global para 2012, cuando caduca el Protocolo de Kioto. Las metas de la UE ahora quedan lejos de los recortes barajados en la conferencia mundial sobre el cambio climático en Bali, en diciembre, entre el 25 y 40%.

El director del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas, el programa receptor del Premio Nobel con Al Gore, considera que el plan europeo aún se ha quedado corto. “Lo que parecería aceptable ahora podría no serlo dentro de cuatro años”, aseguró Rajendra Pachuri en el World Economic Forum de Davos.

En cualquier caso, el plan aún admite debates y cambios, ya que los gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara deben aprobarlo, posiblemente entre este año y el siguiente, en una negociación que los veteranos bruselenses prevén muy larga y de resultado incierto.

ESPERANZA AGUIRRE DEBERIA PRESENTAR SU DIMISIÓN Y PEDIR PERDON POR EL CASO DEL HOSPITAL SEVERO OCHOA DE MADRID.

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Montes: “Habrá denuncias y querellas por las acusaciones de mala práctica”

AGENCIAS. 28.01.2008

  • El caso Severo Ochoa fue una “agresión contra la sanidad pública”.
  • Aseguró que ahora comienza “el tiempo de la reparación”.
  • Él y otros médicos exigen una campaña para rehabilitar su honor.

Minuteca todo sobre:

El doctor Luis Montes, cesado como coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de unas denuncias anónimas sobre presuntas sedaciones irregulares, aseguró hoy que, por su parte, “no va a existir perdón” por las acusaciones de mala práctica que se vertieron sobre él y el resto de los médicos imputados por este caso, ya archivado.”A quien deben pedir perdón las autoridades sanitarias y la presidenta regional es a los usuarios”, dijo en rueda de prensa tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma el sobreseimiento de la causa y no advierte una mala práctica médica en los médicos que fueron imputados.

Habrá denuncias y querellas individuales y colectivas por las acusaciones

Acompañado de otros facultativos apartados de sus puestos en el centro sanitario, Montes aseguró que ahora empieza “el tiempo de la reparación” y exigió que, “al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad“, haya otra dirigida a “rehabilitar” el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital.

Montes auguró que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, habrá “denuncias y querellas individuales y colectivas” por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos colaboradores suyos en el Hospital Severo Ochoa.

El caso fue un “ataque contra la sanidad pública“, que ha derivado en una “pérdida de confianza de los pacientes” en el hospital y, en lo referente a la sedación de los enfermos terminales, en “una omisión de tratamientos en los síntomas al final de la vida” que presentan esos enfermos.

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