EL GOBIERNO VALENCIANO OBSTRUYE LA LEY DE DEPENDENCIA Y DEJA INDEFENSOS A MILES DE VALENCIANOS, SEGÚN EL INFORME DE LA SINTICATURA DE GREUGES.

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La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.

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EUROPA DA UN NUEVO VARAPALO AL GOBIERNO VALENCIANO AL PEDIRLE QUE ANULE LOS CONTRATOS CON LAS OCHO EMPRESAS MIXTAS DEL IVVSA CON LOS CONSTRUCTORES DE LOS PELOTAZOS URBANÍSTICOS.

convenios con promotoras

Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas

firma de solivvsa. Camps saluda a De Miguel en presencia de Blasco, el día de la firma del convenio con Bancaja.
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. Comunitat Valenciana

La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.

L. Ballester Beneyto, Valencia


El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que “los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad”.
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo “la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas”.

La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde “
no ha existido ningún tipo de publicidad“, apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, “los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación“. En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, “el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como“, tal como lo denunció en su momento el PSPV. “Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa“.
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce “sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública” y “perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación”.


Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba “
disolver estas sociedades mercantiles” porque en algunos casos había quedado “sin contenido el objeto social de las empresas constituidas”.


Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DA UN NUEVO IMPULSO A SU POLITICA DE VIVIENDA COMO DERECHO CONSTITUCIONAL.

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VIVIENDA

La Reforma del Plan de Vivienda beneficiará a 250.000 familias y costará 75 millones

Chacón destaca que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”
11 Enero 08 – Agencia EFE

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Real Decreto que reforma el Plan de Vivienda (PEV) 2005-2008, que tendrá un coste estimado de 75 millones de euros y facilitará el acceso a la vivienda a 250.000 familias, que se suman a las 620.000 que ya se han beneficiado desde el inicio de la legislatura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, aseguró que esta reforma “no perjudica a nadie, sino que ayuda a más familias y le da la mano a la iniciativa privada”, al adecuar las medidas contempladas en el PEV a la realidad de las familias y del mercado.

La reforma aprobada este viernes tiene como principales objetivos facilitar el acceso a las políticas de vivienda a más familias de rentas medias y bajas, incrementar la actividad de los promotores en el mercado de la vivienda protegida e impulsar la rehabilitación y el alquiler.

Entre las principales novedades está la introducción de la figura de alquiler protegido con opción a compra, que hasta ahora sólo existía en algunas comunidades autónomas.

Con esta nueva modalidad, los inquilinos podrán ejercer la opción de compra transcurridos diez años desde la construcción de la vivienda, en tanto que tendrán preferencia para adquirirla quienes hayan permanecido en ella al menos cinco años.

Junto con la inclusión de esta figura, destacan las mayores facilidades que tendrán los promotores para vender, tanto en el mercado libre como en el protegido, sus viviendas en “stock”.

En este sentido, se reducirá a un año (hasta ahora eran dos) el plazo necesario para poder calificar como protegida las viviendas inicialmente concebidas para el mercado libre.

Se reducirán también los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, con lo que las promotoras que no vendan sus casas en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Asimismo, se actualizan los precios de las viviendas protegidas, las de régimen especial y las de precio concertado, al tiempo que se mejoran las condiciones de financiación para sus compradores, lo que favorecerá la venta de viviendas libres como protegidas.

De esta forma, el precio básico del módulo de vivienda protegida subirá el 4,12 por ciento, al pasar del 728 a 758 euros por metro cuadrado, en tanto que el tipo de interés de los préstamos concertados pasa del 4,35 al 5,09 por ciento y su plazo de amortización se amplía por encima de los 25 años.

El objetivo de la actualización de precios es que se construyan más viviendas de precio concertado, destinadas a familias con rentas medias (hasta 6,5 veces el IPREM, lo que equivale a 3.316 euros mensuales por hogar), y más viviendas de régimen especial, destinadas a rentas más bajas (de menos de 2,5 veces el IPREM, lo que equivale a 1.273 euros al mes por hogar).

Por otra parte, se ampliará el programa de préstamos subvencionados para los constructores que promuevan alquiler protegido, con lo que más empresas podrán beneficiarse de unas condiciones financieras mejores a las del mercado.

Dentro del impulso al alquiler, se eliminará el límite de superficie y aumentará el de renta tanto para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, como para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales destinada a los
inquilinos.

En lo que respecta al impulso de la rehabilitación de centros históricos y urbanos, la reforma posibilita a promotores y particulares el acceso a préstamos protegidos, con un interés del 5,09 por ciento.

Además, se amplía el concepto de áreas de rehabilitación, con la creación de la figura de áreas de renovación urbana, en las cuales se podrán derribar viviendas que se encuentran en zonas muy degradadas para construir otras nuevas.

Nota de la Redacción: El Real Decreto Ley que hace efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros está yá publicado en el BOE del sábado, dia 12 de enero de 2008.