EL PP EN LA GENERALITAT VALENCIANOS: RACANEAN Y MIENTEN PARA NO APLICAR LA LEY DE DEPENDÉNCIA.

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viernes, 14 diciembre 2007

EL GOBIERNO ASEGURA QUE HA TRANSFERIDO A LA GENERALITAT VALENCIANA 21 MILLONES DE EUROS Y ESTA NIEGA HABERLOS RECIBIDO PARA FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA…

Según publica hoy el diario Levante-EMV, el vicepresidente valenciano de Bienestar Social, Juan Cotino, afirmó ayer que su departamento ha realizado ya alrededor de 25.000 valoraciones de personas que quieren acogerse a la ley de Dependencia. Insistió en que las resoluciones de ayudas están preparadas para ser emitidas en el momento que el Gobierno estatal firme el convenio previsto con la Comunitat Valenciana (sic).

Según el mismo diario valenciano, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aseguraron ayer que la Generalitat  Valenciana ya ha cobrado los 21.277.833 euros incluidos en el acuerdo bilateral. No precisaron estas fuentes si el acto formal de la firma se ha llevado ya a cabo, circunstancia que Bienestar Social reiteró más tarde a este diario que no ha tenido lugar.

¿Dónde han ido a parar los 21 millones de euros…? Una portavoz del departamento de Cotino enfatizó asimismo que «los 21,2 millones aquí no han llegado» e instó a ser «absolutamente escrupulosos» en esta cuestión. Gobierno y Generalitat mantienen, por tanto, la confusión y las diferencias sobre el despliegue de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. La embarrada situación afecta a miles de personas mayores y discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.

El gobierno valenciano  bloquea intencionadamente la ley socialista. La consecuencia más evidente es el retraso en la entrada en ejecución de la normativa, que contempla la atención a las personas dependientes como un derecho. Así, a falta de 15 días para acabar el año, el convenio entre las dos administraciones continúa sin ser firmado y las ayudas previstas no han empezado a ser pagadas por Bienestar Social. En este sentido, las fuentes del ministerio consultadas ayer por este diario subrayaron que la atención a los dependientes no puede estar supeditada a un convenio: «Es ya un derecho y la ley ampara a los ciudadanos» . Compararon el caso con que se impida a un niño ir a un colegio porque falta un convenio con el Ministerio de Educación. Agregaron además que el convenio es sólo una parte de la financiación; otra se ingresa mensualmente según la cifra de personas atendidas e incluidas en el sistema.

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