“DÍA SIN BOLSAS DE PLÁSTICO” PARA FOMENTAR UN CONSUMO RESPONSABLE EN NAVIDAD.

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“Día sin Bolsas de Plástico” para fomentar un consumo responsable en Navidad

EFE. 14.12.2007 – 20:34h

  • La iniciativa se llevará a cabo en 21 ciudades del país para sustituir el uso de estas bolsas por otras de papel o de tela.
  • Cada persona utiliza una media de 238 bolsas comerciales de este tipo cada año.

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Greenpeace celebra este sábado el “Día sin Bolsas de Plástico” en 21 ciudades del país, una iniciativa para sustituir el uso de estas bolsas por otras de papel o de tela.

Para lograrlo, los grupos de voluntariado de la organización ecologista han contactado a más de 175 comercios e instalarán mesas informativas cercanas a los núcleos comerciales de cada ciudad para realizar el intercambio de bolsas.

La medida forma parte de una campaña para fomentar el consumo responsable durante las fiestas navideñas en la que, a través de la página web de Greenpeace, una “cadena de duendes” orienta a los internautas sobre cómo ejercer este consumo.

El “Día sin Bolsas de Plástico” se celebrará, entre otras, en las ciudades de Albacete, Toledo, Gerona, Almería, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Granada, La Coruña, Madrid, Málaga, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

Consumo anual

En España, cada persona utiliza una media de 238 bolsas comerciales de plástico al año, lo que supone casi 100.000 toneladas de basura de un producto derivado del petróleo, no biodegradable y muy tóxico. Por ello, la mejor forma de reducir el impacto ambiental, según los ecologistas, es evitar la utilización de bolsa de un sólo uso, aunque éstas sean de papel.

Los comercios colaboradores con la campaña recogerán una aportación simbólica por cada bolsa que repartan que servirá para financiar un proyecto de conservación de los bosques en Suramérica.

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IMPUTADO EL PROPIETARIO DE MARINA D’OR POR PREVARICACIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS.

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Imputado el propietario de Marina d’Or por prevaricación y tráfico de influencias

AGENCIAS. 14.12.2007

  • Jesús Ger declarará ante el juez el próximo lunes.

El propietario del complejo Marina d’Or, Jesús Ger, declarará el próximo lunes como imputado en la causa abierta por el juzgado número 2 de la Audiencia que investiga un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación de un Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI) por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Jesús Ger es el beneficiado de esta concesión

Según fuentes de la acusación particular, el Ayuntamiento aprobó el PAI Les Amplàries de 350.000 metros cuadrados en la zona de expansión de Marina d’Or “de forma irregular”, porque la Conselleria exigía para ello el dictamen favorable de la Dirección General de Costas que no se emitió.

Para la aprobación de un PAI, la Conselleria, explicaron las mismas fuentes, concede un la cédula de urbanización, que “en Les Amplàries se hizo sujeta a condición de la concesión del informe favorable de Costas“, que “dijo hasta en dos ocasiones que no”.

Imputado también el alcalde

Para la acusación particular “Jesús Ger es el beneficiado de esta concesión“, y ahora espera que el procedimiento iniciado por el juzgado número 2 “investigue y demuestre que hay trato de favor en la aprobación del PAI”.

Como imputados figuran el alcalde de la localidad, Rafael Albert (PP), que declaró ante juez el pasado 15 de noviembre junto a dos técnicos municipales, la secretaria y el arquitecto municipal, el concejal de Urbanismo, dos ex concejales, que declararon ante el juez el 30 de noviembre, y el propietario del complejo urbanístico, turístico y de ocio Marina d’Or.

LAS DICOTOMÍAS DE RUS CON LA EMPRESA LLANERA…¿A QUE SE EXPLICAN POR Sí SOLAS?.

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Rus anula dos contratos de la Diputación con la empresa de los Gallego y mantiene los de Xàtiva

Como alcalde ha rechazado resolver las adjudicaciones de tres PAI’s y de la plaza de toros

 

Paco Cerdà, Xàtiva

 El presidente de la Diputació n de Valencia, Alfonso Rus, ha firmado dos decretos para iniciar la resolució n de los contratos suscritos con la mercantil Llanera, Construcciones y Proyectos, SLU, para la realizació n de obras en las carreteras de acceso a los municipios de Quesa y Alborache. En ambos casos, Rus alude como causa para la rescisió n de ambos contratos a «la declaracion de concurso del contratista» y a la petició n del diputado del área de carreteras, Enrique Crespo, «por no considerar conveniente su continuación ». Según viene referido en los dos decretos, firmados ambos el pasado 20 de noviembre, a la mercantil se le concedi an 10 días para alegar.


Se trata del proyecto -adju-dicado por 826.511 euros-, con- sistente en el acondicionamiento de los accesos al municipio de Quesa, correspondientes a la carretera CV-580 de Anna a Dos Aguas. La otra obra anulada a Llanera, SL, por la diputació n es la construcció n de una glorieta de acceso a Alborache.
Esta actitud expeditiva de Rus respecto a Llanera, SL, en la di putació n contrasta con las ges tiones realizadas por el tambié n alcalde de Xà tiva para que el juez autorice a la empresa la subcon- tratació n de las obras que tiene pendientes en Xà tiva.
Desde la oposició n socialista se recordó el miércoles que lo mismo que ha hecho en diputació n puede hacerlo en el ayuntamiento y evitar que se demore la finalizació n de los proyectos. Estas fuentes se han preguntado qué le impide a Rus actuar en Xà tiva con Llanera, SL, igual que en la diputació n.
Por el momento, Llanera, SL, continú a siendo la adjudicataria en Xà tiva de tres PAI residencia- les (El Palasiet, Bola I, Bola II) y un PAI industrial (Albaida). En respuesta, ayer el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, alegó que no anula los contratos firmados entre el ayuntamiento que dirige y la empresa Llanera, SL, porque todos los proyectos adjudicados en la ciudad a la constructora «ya están en marcha» y, según Rus, la resolución de estos contratos requeriría «la autorización del juez» por estar las obras iniciadas.

CRISIS DE LLANERA: VENDE EL SUELO Y CORRE.

Los representates legales califican de ilegal dicha operación
Los pequeños acreedores de Llanera se oponen a la venta del 50% de la Reva a Lehman Brothers

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11.12.2007
lavozdigital.net .- Valencia
Los representantes legales de los pequeños acreedores de Llanera se oponen a la venta del 50% de la Reva a Lehman Brothers para que la compañía cancele su deuda de 156,29 millones de euros con la entidad financiera. Con éste acuerdo el Banco de Inversiones dejaría de constar como acreedor tras cancelarse la deuda. En realidad ésta operación sería una permuta por la deuda, la operación también incluiría la venta de una participación en un Residencial de Golf.
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Bancaja ofrece a Llanera 57 millones para hacerse con su suelo en Cullera

María Carmona | 6:00 – 14/12/2007 Actualizado: 11:45 – 14/12/07

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Nuevas desinversiones a la vista, si el juez da permiso, en el grupo Llanera, que está aprovechando todas las oportunidades que se le han puesto en el camino para lograr algo de inyección en su caja y recortar lo máximo posible su pasivo aun a costa de sacar de su balance los activos más jugosos.

El grupo inmobiliario valenciano, en proceso concursal desde el pasado mes de octubre, solicitó ayer autorización al titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia para aceptar la oferta de compra de 510 hanegadas de terrenos ubicados en El Brosquil de Cullera (Valencia), propiedad de la sociedad Aldalondo, una de las seis que están bajo tutela judicial.

Tras la oferta de compra está Bancaja Habitat, la filial inmobiliaria del grupo financiero, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La oferta de Bancaja, uno de los acreedores del grupo inmobiliario, asciende a 42,3 millones de euros, e incluye una opción de compra sobre la totalidad de las participaciones de la sociedad Valencia Beach Golf, cuya titularidad ostenta Aldalondo, por valor de 2,5 millones.

Condicionantes

Pero el acuerdo entre la caja y el grupo de la familia Gallego es más amplio. Llanera ha solicitado también el visto bueno judicial para vender a Bancaja Habitat las participaciones sociales de Ansogasa, de la que es socio minoritario con una participación del 28 por ciento. En este caso, la caja ofrece un precio de 12,5 millones. Esta oferta, sin embargo, está condicionada a la aprobación, autorización y cumplimiento de la oferta de compraventa de los terrenos de Aldalondo en El Brosquil.

Este acuerdo entre Llanera y la caja se suma al que esta misma semana alcanzó la inmobiliaria con Lehman Brothers, por el que el banco se hará con los terrenos de Reva en Ribarroja (Valencia) en un trueque de suelo por deuda. Lehman es el principal acreedor de Llanera tras haberle financiado en su día la compra del mismo suelo por 156 millones, cantidad en la que se reduciría el pasivo si el juez autoriza la operación tras escuchar a las distintas partes. De prosperar ambas operaciones, cada vez será más reducido el activo disponible por la inmobiliaria para atender a la totalidad de los acreedores.

A juicio de los representantes legales de los pequeños acreedores de Llanera, ésta operación sería irregular ya que ha su juicio la ley concursal impide precisamente que se dé prioridad a un acreedor sobre otro. Según uno de los representantes legales que se oponen a la venta “en lugar de restituir los activos que la sociedad fue vendiendo a empresas de su grupo, se va a permitir que se sigan vendiendo activos sin que se justifique el beneficio que se logra para el conjunto de los acreedores”.Ésta operación ha causado estupor tanto en Bancaja como en el Banco de Valencia, entidades implicadas en la operación que en su día Llanera realizó con Lehman Brothers en la Reva.

EL PP EN LA GENERALITAT VALENCIANOS: RACANEAN Y MIENTEN PARA NO APLICAR LA LEY DE DEPENDÉNCIA.

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viernes, 14 diciembre 2007

EL GOBIERNO ASEGURA QUE HA TRANSFERIDO A LA GENERALITAT VALENCIANA 21 MILLONES DE EUROS Y ESTA NIEGA HABERLOS RECIBIDO PARA FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA…

Según publica hoy el diario Levante-EMV, el vicepresidente valenciano de Bienestar Social, Juan Cotino, afirmó ayer que su departamento ha realizado ya alrededor de 25.000 valoraciones de personas que quieren acogerse a la ley de Dependencia. Insistió en que las resoluciones de ayudas están preparadas para ser emitidas en el momento que el Gobierno estatal firme el convenio previsto con la Comunitat Valenciana (sic).

Según el mismo diario valenciano, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aseguraron ayer que la Generalitat  Valenciana ya ha cobrado los 21.277.833 euros incluidos en el acuerdo bilateral. No precisaron estas fuentes si el acto formal de la firma se ha llevado ya a cabo, circunstancia que Bienestar Social reiteró más tarde a este diario que no ha tenido lugar.

¿Dónde han ido a parar los 21 millones de euros…? Una portavoz del departamento de Cotino enfatizó asimismo que «los 21,2 millones aquí no han llegado» e instó a ser «absolutamente escrupulosos» en esta cuestión. Gobierno y Generalitat mantienen, por tanto, la confusión y las diferencias sobre el despliegue de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. La embarrada situación afecta a miles de personas mayores y discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.

El gobierno valenciano  bloquea intencionadamente la ley socialista. La consecuencia más evidente es el retraso en la entrada en ejecución de la normativa, que contempla la atención a las personas dependientes como un derecho. Así, a falta de 15 días para acabar el año, el convenio entre las dos administraciones continúa sin ser firmado y las ayudas previstas no han empezado a ser pagadas por Bienestar Social. En este sentido, las fuentes del ministerio consultadas ayer por este diario subrayaron que la atención a los dependientes no puede estar supeditada a un convenio: «Es ya un derecho y la ley ampara a los ciudadanos» . Compararon el caso con que se impida a un niño ir a un colegio porque falta un convenio con el Ministerio de Educación. Agregaron además que el convenio es sólo una parte de la financiación; otra se ingresa mensualmente según la cifra de personas atendidas e incluidas en el sistema.

QUE HACE EUROPA POR EL MEDIO AMBIENTE.

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Qué hace Europa por el medio ambiente

Aspectos como la calidad del aire han mejorado, aunque se debe potenciar más la aplicación real de los compromisos o la participación ciudadana

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) presentaba recientemente un informe que evaluaba el progreso medioambiental de la denominada región paneuropea. En este estudio se asegura que el medio ambiente europeo ha logrado algunos progresos, aunque reconoce bastantes aspectos a mejorar, como la contaminación atmosférica, la sobrepesca, la conservación de la biodiversidad o la lucha contra el cambio climático. En este sentido, diversos expertos consideran que las instituciones de la Unión Europea (UE) pueden hacer todavía mucho más en defensa del medio ambiente, dentro de los parámetros de desarrollo sostenible y calidad de vida de los ciudadanos.

  • Autor: Alex Fernández Muerza | 
  • Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2007

Cómo está el medio ambiente en Europa

El informe de la AEMA, titulado “Medio ambiente en Europa: cuarta evaluación“, analiza el progreso en materia de medio ambiente en 53 países de la región paneuropea (Europa Occidental, Central, Oriental y Sudoriental, el Cáucaso y Asia Central), cuya población total supera los 870 millones de habitantes.

Según los responsables del informe, se han conseguido algunos progresos, como una “ligera” reducción de la contaminación atmosférica y la mejora del tratamiento de las aguas residuales. En cualquier caso, reconocen que la calidad del agua, el aire y el suelo presenta “grandes disparidades”: Más de 100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura ni a saneamiento y salud pública. En muchos países de Europa Oriental, el Cáucaso, Asia Central y Europa Sudoriental, la calidad del suministro de agua y saneamiento se ha deteriorado durante los últimos 15 años, afectando de manera especial a la población rural.

Saipal

En el apartado concreto de la contaminación atmosférica, el informe de la AEMA advierte de que los niveles actuales – principalmente de óxido de nitrógeno, partículas finas y ozono troposférico – acortan en casi un año la esperanza de vida en los países de Europa Occidental y Central y suponen una amenaza para un desarrollo infantil saludable. En Europa Oriental, el Cáucaso y Asia Central, la situación se considera igualmente preocupante: La mayoría de las emisiones contaminantes han aumentado un 10% desde el año 2000. Los responsables del informe señalan como principales causas la recuperación económica, el aumento del transporte y la ineficiencia de las políticas para contrarrestar esta contaminación.

A la hora de señalar las presiones medioambientales en la región, la mayor parte tiene su origen en actividades económicas como la agricultura, el turismo, el transporte y la energía. Asimismo, las pautas actuales de consumo y producción imponen una demanda cada vez mayor de recursos naturales, incrementando los riesgos a los que se ve abocado el entorno. De manera similar, una reciente reunión celebrada en Lisboa, con la participación de empresarios, responsables institucionales y de ONG, señalaban la importancia del papel de la economía y los negocios en la conservación de la biodiversidad.

Más de 100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura ni a saneamiento y salud pública

Por otra parte, el informe considera especialmente preocupante la sobreexplotación pesquera, la eutrofización y las presiones cada vez mayores a los ecosistemas marinos y costeros. Como punto positivo, se asegura que los vertidos accidentales de petróleo de grandes proporciones han disminuido, si bien los ocurridos durante las operaciones rutinarias (que suponen en 88% total de los vertidos) siguen siendo significativos.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad, los objetivos marcados para 2010 no se alcanzarán si no se intensifican “considerablemente” los esfuerzos. En este sentido, más de 700 especies europeas se encuentran en peligro de extinción como resultado de la alteración del hábitat.

El cambio climático tampoco se escapa a los creadores del estudio. Sus consecuencias son ya perceptibles en todo el mundo, aseguran, “y previsiblemente se acentuarán todavía más, incluso aunque se reduzcan drásticamente las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI).” Por ello, se señala como una necesidad “urgente” la adaptación a los posibles riesgos futuros por este problema.

En definitiva, la AEMA recomienda para mejorar el medio ambiente en la región paneuropea la aplicación de las políticas actuales y el establecimiento de unos objetivos claros y realistas. Asimismo, también considera “urgente” el desarrollo de un sistema que contrarreste la actual “escasez de información fidedigna, accesible y comparable sobre el medio ambiente en toda la región”.

Aspectos como la calidad del aire han mejorado, aunque se debe potenciar más la aplicación real de los compromisos o la participación ciudadana

Qué hace Europa (y qué debería hacer)

La política medioambiental europea forma parte del modelo de desarrollo sostenible por el que ha apostado la UE en sus tratados. Los expertos consultados valoran positivamente los avances producidos en material medioambiental en la UE, aunque reconocen que podría hacerse mucho más.

Antxon Olabe, Director del Área de Medio Ambiente de Naider, empresa especializada en promoción económica, sostenibilidad ambiental y competitividad social, explica que el modelo de desarrollo europeo descansa sobre tres pilares: La prosperidad económica; la cohesión social, incluyendo el empleo de calidad; y la sostenibilidad ambiental. En este sentido, este experto considera a la UE el principal referente ambiental a nivel mundial, si bien señala que “nunca es suficiente para quienes estamos hondamente preocupados por la situación ambiental de la Tierra.”

Jenny Rollo

Rocío Llanes Triguero, Directora del Área de Sistemas de Inatur Sierra Norte, empresa especializada en gestión y educación ambiental, añade que la UE se basa en una política regulativa con instrumentos económico-fiscales, basados en la voluntariedad y negociación con los grupos y estados implicados, y en la información y educación de y para los ciudadanos y agentes sociales. No obstante, reconoce que es necesaria más información para que los ciudadanos puedan participar activamente.

Por su parte, María Ángeles López Lax, responsable de la Asociación para la Comunicación e Información Medio Ambiental (ACIMA) se presenta algo más crítica, al calificar la política medioambiental de “muy insuficiente”: “Veo mas declaraciones de principios que realidades y efectividad.” En este sentido, afirma que la política medioambiental queda en segundo plano, porque en realidad se considera incompatible con el crecimiento. Por ello, explica, se respeta antes la voluntad política de un Estado que el cumplimiento de la legalidad, por lo que en caso de una infracción se impone una multa, nunca el remedio de la situación.

En caso de una infracción se impone una multa, nunca el remedio de la situación

Como ejemplo, la responsable de ACIMA señala la apuesta por los biocombustibles o las energías renovables: “Se debe más a la necesidad de liberarnos de la dependencia política, estratégica y económica del petróleo y las importaciones energéticas, que a una política coherente de lucha contra el cambio climático.”

En la misma línea escéptica se mueve Luis González Reyes, Coordinador de Ecologistas en Acción, para quien las instituciones europeas son como “el Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Por un lado, explica, la imagen que proyecta de si misma la UE es que lucha contra el cambio climático, que mejora sus indicadores ambientales, que es el líder mundial en la lucha por un medio ambiente limpio.

Sin embargo, en su opinión, la realidad es que, junto a Estados Unidos, la UE es “el máximo responsable de la crisis ambiental que vivimos.” En este sentido, González apunta que la UE es el segundo responsable del calentamiento global, su consumo de materiales es equivalente al de EEUU, está exportando crecientemente la producción sucia a países del Sur, etc. No obstante, el experto de Ecologistas en Acción reconoce avances en algunos aspectos, como las emisiones de óxido de azufre.

Qué pueden hacer los ciudadanos

En opinión de la directora de Sistemas de Inatur, la participación ciudadana garantiza la aplicación correcta de las políticas medioambientales y el logro de los resultados deseados. Por ello, apela a la concienciación de los ciudadanos, cuyo comportamiento personal “puede marcar la diferencia y ayudar a cambiar la situación.” No obstante, asegura que para ello es necesaria más información de lo que ocurre en el medio ambiente a nivel local.

Por su parte, la responsable de ACIMA asevera que cualquier ciudadano puede enviar quejas, pedir información o hacer interpelaciones por correo o teléfono a los representantes institucionales europeos, además de los muchos órganos que facilitan dicho contacto y las visitas guiadas que organiza el Parlamento, a las que puede acudir cualquiera. No obstante, López Lax destaca que la influencia de los ciudadanos es pequeña, ya que los lobbys o grupos de presión que representan a la sociedad civil, tales como organizaciones de consumidores y ONG, son sólo el 3%.

Mucho más crítico es el coordinador de Ecologistas en Acción. En su opinión, “la Comisión Europea es elegida a dedo, el Consejo Europeo no refleja las posturas más que de los gobiernos nacionales, el Parlamento no tiene casi poder y está fuertemente influido por los 15.000 lobbistas que hay en Bruselas, etc. Y a esta lejanía no son ajenos los temas ambientales.”

Puntos fuertes y débiles

Los expertos consultados apuntan una serie de puntos fuertes de las políticas medioambientales que suponen un ejemplo a seguir, si bien reconocen diversos puntos débiles que deberían mejorarse en favor del medio ambiente.

Según Rocío Llanes, de Inatur, los puntos fuertes de las políticas europeas de medio ambiente se basan en su carácter participativo, transversal y accesible; en un planteamiento más estratégico y con finalidades definidas claramente; en responsabilidades compartidas para la búsqueda de soluciones innovadoras, viables y sostenibles a los problemas; y en que representan la presencia del medio ambiente en la estrategia global comunitaria de desarrollo sostenible.

Jon Gos

Antxon Olabe, de Naider, observa los siguientes aspectos destacables: Nacen desde el nivel institucional más alto (el Consejo de la Unión y los tratados); están basadas absolutamente en la mejor ciencia disponible; tienen a sus espaldas una experiencia de 35 años, lo que las convierte en algo asentado y sólido; y la más importante, tienen tras de sí a una sociedad civil, la europea, con 500 millones de personas, que es la más concienciada ambientalmente de todo el mundo.

En opinión de Mª Ángeles López, de ACIMA, los puntos fuertes se encuentran en su legislación de protección ambiental, mientras que los puntos débiles están en la distinta aplicación posterior de esa legislación, por lo que reclama mayor coherencia. Por ejemplo, apunta, “se hace una política para mejorar la calidad del aire urbano o la protección de la biodiversidad y luego se financian autopistas insostenibles que potencian el uso del coche y destruyen más hábitats protegidos”.

Las políticas medioambientales europeas tienen a sus espaldas una experiencia de 35 años, lo que las convierte en algo asentado y sólido

Por su parte, la responsable de Inatur subraya como puntos débiles de las políticas medioambientales la poca divulgación al público, las medidas poco efectivas de integración de las políticas en educación e información, y la falta de implicación por parte de algunos grupos de intereses especiales, especialistas, industria, organizaciones, empresas e instituciones, etc. Para mejorar estos aspectos negativos, Llanes reclama la creación de una estrategia de educación e información ambiental que facilite el acceso y la participación.

El responsable de Medio Ambiente de Naider destaca dos puntos débiles. Por un lado, la proliferación normativa, extensa, compleja y difícil de gestionar. Por otro lado, la integración del ámbito ambiental en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que no ha sido todo lo potente que debería hasta el momento.

En cuanto al coordinador de Ecologistas en Acción, su punto de vista es que en realidad “no hay una verdadera política ambiental.” En su opinión, la política ambiental no sólo debería ser competencia de la comisaría de medio ambiente, sino de todas: “La Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible no se respeta. Sin embargo, el reciente documento “Europa Global: compitiendo en el mundo“, que persigue internacionalizar aun más la economía de la UE aumentando el crecimiento, y con ello, los impactos ambientales, sí se está aplicando.”

Cómo participa España

España, como estado miembro de la UE, participa en la toma de decisiones antes de adoptarse una propuesta de la Comisión. Además, debe aplicar la normativa existente, prestar mayor atención a los instrumentos de mercado, potenciar la participación ciudadana e integrar los objetivos de medio ambiente en las demás políticas.

Según el responsable de Medio Ambiente de Naider, el papel de España en la política ambiental europea ha sido hasta el momento “poco relevante”, porque no ha sido una prioridad en el modelo de desarrollo. No obstante, Olabe se muestra optimista, porque considera que hay señales de que esta situación va a cambiar en los próximos años.

En opinión de la creadora de ACIMA, el actual Ministerio de Medio Ambiente está implementando a nivel nacional directivas y tratados con mayor calado y protección que los mínimos establecidos en el marco de las Directivas. Por ello, López Lax supone que este buen hacer se verá reflejado en los acuerdos y contactos con sus homónimos europeos.

Sin embargo, el coordinador de Ecologistas en Acción afirma que “si las políticas ambientales europeas son malas, España las retrasa aun más.” Como ejemplo más paradigmático, González señala las emisiones de GEI, “donde España es el país que más se desvía de los objetivos del Protocolo de Kyoto.” Además, recuerda, “España es el estado que reúne más quejas por incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, no cumple los parámetros de emisión de óxidos de nitrógeno y azufre, etc.” No obstante, para no ser del todo negativo, reconoce que la reciente Ley de Responsabilidad Ambiental mejora la directiva madre europea.

Principales instituciones medioambientales

La UE posee diversas instituciones relacionadas con la conservación y mejora del medio ambiente. Por ello conviene conocerlas para saber qué están haciendo en este sentido. Así, el Consejo Europeo – no confundir con el Consejo de Europa o con el Consejo de la Unión Europea (CUE) – es la reunión de los jefes de Estado y quien tiene el verdadero poder a la hora de aprobar políticas o normas, si bien en cooperación con el Parlamento Europeo (PE).

Christina

Asimismo, la Comisión Europea, responsable ejecutivo de las decisiones del PE y del CUE, cuenta con un comisario dedicado específicamente a estos temas y una Dirección General de Medio Ambiente, que funciona a modo de consejo de ministros de la UE. Esta última es una de las 36 Direcciones Generales (DG) y servicios especializados que integran la Comisión Europea. Su tarea principal es elaborar y definir la nueva normativa de medio ambiente y cerciorarse de que los Estados miembros pongan realmente en práctica las medidas acordadas.

La AEMA recaba información “actualizada, específica, pertinente y fidedigna” de los estados miembros

Por su parte, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un órgano independiente que elabora estudios e informes, recaba información “actualizada, específica, pertinente y fidedigna” de los estados miembros y evalúa las políticas y estado del medio ambiente, haciendo un seguimiento sobre los indicadores ambientales.

Asimismo, hay otras instituciones que también merecen tenerse en cuenta:

  • Centro Común de Investigación (CCI): Es una Dirección General de la Comisión Europea que proporciona asesoramiento científico y tecnológico a los responsables de formular la política europea.
  • Euro Info Centros: Se trata de una red de centros de información y puntos de contacto creados por la UE y dirigidos al público.
  • Araña verde: Red informal de los Ministerios de Medio Ambiente de la UE.
  • Oficina Europea de prevención y control integrados de la contaminación
  • Centro Regional de Medio Ambiente para Europa Central y Oriental (CRMA)
  • Red Europea de Información y de Observación del Medio Ambiente (EIONET)

DESARROLLO LIMPIO: PROMOVIENDO LA LUCHA CONTRA LA POBREZA A TRAVÉS DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL CÁMBIO DE CLIMA.

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Presentación del proyecto    

DESARROLLO LIMPIO: PROMOVIENDO LA LUCHA CONTRA LA POBREZA A TRAVÉS DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL CAMBIO CLIMA

El proyecto “Desarrollo Limpio”, promovido por Ecología y Desarrollo con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, pretende que la lucha contra el cambio climático sea aprovechada como herramienta para mejorar las condiciones de vida en los países del Sur.

Actualmente existe una herramienta ideal para ello: el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Pero se trata de un mecanismo complejo y las ONGDs españolas apenas lo han aprovechado hasta ahora. Por otra parte, algunos proyectos MDL dejan en un segundo plano la mejora de las condiciones de vida de las comunidades receptoras del proyecto.

Siguiendo la filosofía del MDL y de la corresponsabilidad Norte-Sur, han surgido otros mercados voluntarios de emisiones que hacen especial hincapié en los aspectos de desarrollo de las poblaciones receptoras de los proyectos. Estos mercados utilizan metodologías entre las cuales destaca el CDM Gold Standard. Esta metodología que valora los aspectos socioeconómicos de los proyectos, se aplica adicionalmente a los proyectos MDL pero también a otros proyectos de desarrollo que desean participar en mercados voluntarios, y que no tienen capacidad para participar en un proceso tan complejo como el que implica el MDL.

Para lograr sus objetivos, el proyecto “Desarrollo Limpio” establece tres líneas de trabajo:

  • Generar entre las ONGDs españolas la capacidad para desarrollar proyectos contra el cambio climático y en concreto proyectos MDL

  • Sensibilizar al sector empresarial (empresas afectadas por la Directiva Europea de comercio de emisiones, y otras que desean participar en el mercado de manera voluntaria), para que valoren y distingan de entre los proyectos MDL, aquellos con un mayor impacto potencial de desarrollo en los países del Sur.

  • Fomentar entre las ONGDs españolas la corresponsabilidad sobre el problema del cambio climático y, como consecuencia, la obligación moral de dar ejemplo compensando sus emisiones de gases de efecto invernadero a través proyectos que contribuyan a aliviar la pobreza en los países del Sur.


En definitiva, se trata de sensibilizar sobre la corresponsabilidad que las personas y organizaciones españolas tienen sobre el cambio climático, fortalecer el mercado de emisiones (tanto el MDL como los mercados voluntarios) trabajando tanto la oferta (facilitar que existan más proyectos de desarrollo con reducciones de emisiones) como la demanda (promover los MDL sean más sociales, y que se utilicen los mercados voluntarios).


El proyecto se apoya en la iniciativa CeroCO2, una iniciativa de Ecología y Desarrollo y Acción Natura especializada en la compensación voluntaria de emisiones y en información, sensibilización y formación en todo lo relacionado con cambio climático.


 

AYUDAS A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

Ayudas a las familias monoparentales

Las familias monoparentales gozarán desde 2008 de las mismas ventajas que las numerosas al solicitar becas y subvenciones, u obtener bonificaciones para el transporte

Las familias que tengan dos o más hijos a su cargo tendrán las mismas ventajas fiscales que las familias numerosas -las formadas por tres o más hijos- a partir de 2008. Además, obtendrán las mismas ventajas que éstas a la hora de solicitar becas, ayudas o subvenciones para la enseñanza y bonificaciones en los transportes. Asimismo, desde el próximo ejercicio se podrán beneficiar de las acciones protectoras que se desarrollen en materia de vivienda y en el ámbito educativo, a través de exenciones y bonificaciones en los precios de los colegios públicos, y se les aplicará, como mínimo, una reducción del 50% en el precio de entrada a los museos de titularidad estatal.

  • Autor: Rosa M. López Maroto | 
  • Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2007

M Nota

Las familias compuestas por viudos, personas separadas, divorciadas o solteras que tengan dos o más hijos a su cargo se equiparan a partir de ahora (el próximo mes de enero)a las familias numerosas, ya que gozarán de los mismos beneficios que éstas en materia de transporte, vivienda, colegios o museos. De este modo, cualquier miembro de una familia monoparental tendrá derecho a reducciones en los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo -que oscilan entre el 20% y 50%-, y a bonificaciones, entre el 5% y el 10%, sobre las tarifas por servicios regulares nacionales de transporte aéreo.

En materia de vivienda podrán acogerse a la mejora de las condiciones para acceder a las ayudas financieras para la adquisición de una casa, y a las facilidades que se conceden para el cambio a una vivienda protegida o usada de mayor superficie, cuando se produzca la ampliación del número de miembros de la estructura familiar. Las comunidades autónomas tienen previsto seguir esta misma política y aplicar a la familias monoparentales con dos o más hijos la mismas ventajas que a las numerosas. ¿En qué medidas se concretan estas ayudas autonómicas?

Carné oficial

En Cataluña se creará un carné oficial por el que se acreditará, entre otros, a las madres solteras. Para obtenerlo, los interesados tendrán que cumplir una serie de requisitos como presentar el NIF vigente del solicitante, el libro de familia completo, el certificado de defunción en caso de viudedad, la resolución judicial de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas. Se contemplan situaciones especiales en las que no se podrá acceder a estas ayudas como en el caso que el solicitante reciba una pensión del ex cónyuge.

En Cataluña las familias monoparentales con hijos menores de seis años reciben 700 euros anuales de subvención

Esta medida amplía las prestaciones que hasta ahora recibían las familias monoparentales en Cataluña, en donde se reconocen, sin embargo, algunos derechos específicos a estos núcleos de convivencia. Las familias de este segmento social que tengan hijos menores de seis años reciben una ayuda económica anual de 700 euros, la misma que reciben las familias numerosas. Sin embargo, hasta ahora, no se contemplaba la equiparación en la matriculación de los hijos en los centros escolares, las becas de comedor, o los descuentos en el recibo del agua, por citar solamente algunos ejemplos.

Subvenciones

La gran mayoría de comunidades autónomas españolas dispone de una amplia serie de prestaciones complementarias destinadas a los núcleos monoparentales, que van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas económicamente, a una extensa batería de ayudas y subvenciones para alguno o varios de sus miembros. Guarderías en las que tienen prioridad los hijos de mujeres con cargas familiares o subvenciones de estancias de vacaciones para mujeres con hijos de forma exclusiva son algunos ejemplos de las medidas que contempla la administración autonómica para este segmento social.

La Comunidad andaluza, dentro de las ayudas económicas dirigidas a este núcleo, dispone de programas de ayuda de emergencia social e inserción social, recursos complementarios para cubrir las necesidades de subsistencia, y prestaciones económicas para los gastos de comedor infantil. Las familias monoparentales de Aragón reciben las ayudas generales del Estado, aunque también hay algunas específicamente destinadas a la educación de los hijos. En Asturias, el apoyo se circunscribe al ámbito municipal, como el programa de intervención para mujeres con hijos a su cargo en el municipio de Avilés, y las ayudas económicas para mujeres con cargas familiares que funciona a través del ayuntamiento de Gijón. En Castilla y León, además de las ayudas generales del Estado, cuentan con una red que comprende servicios sociales básicos de ayuda a domicilio y de orientación para el acceso al empleo.

Las ayudas autonómicas van desde programas de emergencia social para las familias más desfavorecidas a subvenciones para sus miembros

En Baleares y Canarias, además de gestionar estas ayudas generales, ofrecen servicios específicos para las familias monoparentales con menos recursos económicos. Cantabria también contempla apoyo económico a estas familias en diversos ámbitos: guarderías -en las que tienen prioridad de acceso los niños de mujeres con cargas familiares-, y subvenciones para estancias de vacaciones para mujeres solteras, viudas o separadas con hijos.

La Comunidad de Madrid incide en las ayudas extraordinarias dirigidas a personas físicas o unidades familiares que carezcan de medios económicos suficientes con que atender las necesidades básicas. Por su parte, en el País Vasco la Diputación de Vizcaya ofrece ayudas generales a través de los ayuntamientos, mientras que en La Rioja no se contempla ningún programa específico para esta clase de familias, sino que gestionan las ayudas generales a través de los ayuntamientos. La Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Galicia, Extremadura, y Murcia incluyen diversas prestaciones y subvenciones básicas destinadas a este tipo de núcleos familiares.

Acreditación como familia monoparental

La condición de familia monoparental se acreditará mediante el título que establezca y expida la comunidad autónoma donde tenga fijada su residencia la persona solicitante. Las familias que tengan otras nacionalidades y pertenezcan a Estados Miembros de la Unión Europea deberán acudir a la comunidad autónoma en la que el solicitante ejerza su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.

En el caso de los españoles que trabajen en instituciones nacionales fuera del territorio nacional, el título oficial será expedido por las autoridades competentes de la comunidad autónoma en la que se encuentren inscritos los solicitantes a efectos de su participación electoral.

Al igual que ocurre con otros títulos como el de familia numerosa, la acreditación de familia monoparental deberá renovarse o dejarse sin efecto cuando varíe el número de miembros de la unidad familiar o las condiciones que dieron motivo a la expedición o posterior renovación del título, y ello suponga un cambio de categoría o la pérdida de la condición de este tipo de familia, así como cuando alguno de los hijos deje de reunir las condiciones para figurar como miembro de esta unidad familiar.

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LA IMPORTANCIA DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA.

Certificado de minusvalía

Las personas con un grado de discapacidad superior al 33% pueden acceder a subvenciones especiales y ayudas para la compra de un coche o una vivienda

El certificado de minusvalía es el documento que reconoce el grado de discapacidad de una persona. Cuando éste es superior al 33%, se puede acceder a una serie de beneficios, como subvenciones específicas para personas discapacitadas, exención de impuestos en la adquisición de un vehículo y ayudas para la compra de una vivienda. Estas ventajas dependen del grado de minusvalía que se acredite. En total, hay cinco categorías.

  • Autor: A. García | 
  • Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2007

Valoración de la discapacidad

El certificado de minusvalía permite a las personas con alguna discapacidad tener derecho a percibir una prestación económica o subsidio. Además, es un documento muy útil para acceder a una vivienda, recibir subvenciones especiales para personas discapacitadas o acceder a un puesto de trabajo. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorgan los organismos públicos.

Jefa

El grado de minusvalía se expresa en un porcentaje entre 0 y 100, si bien la ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía. Además, cuando se supera el 25%, a este porcentaje se pueden sumar hasta un máximo de 15 puntos derivados de los factores sociales complementarios que pueden dificultar la integración social de una persona, es decir, el entorno familiar y la situación laboral, educativa y cultural.

En cuanto a la valoración de las situaciones de minusvalía, el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula este aspecto, establece la necesidad de someterse al examen de un tribunal médico oficial, encargado de emitir el dictamen que reconoce el grado de minusvalía. Este tribunal puede depender del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o de las comunidades autónomas que tengan transferida esta función.

La ley establece la necesidad de alcanzar, como mínimo, un 33% para que se reconozca la condición de minusvalía

En su dictamen, los expertos recogen los informes médicos, psicológicos o sociales necesarios para determinar el grado de minusvalía, que puede ser objeto de revisión en los dos años siguientes a su reconocimiento, siempre que se constate una mejoría razonable, se acredite error de diagnóstico o se produzcan cambios “sustanciales” en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la minusvalía.

Las pautas de valoración no se centran tanto en el alcance de la deficiencia, como en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En este sentido, también son objeto de valoración las enfermedades que cursan en brotes e interfieren en el día a día de las personas que las padecen. Para solicitar el certificado, hay que acudir al departamento de asuntos sociales correspondiente, recoger un impreso de solicitud y someterse a una revisión médica, en los términos que establece la ley. Posteriormente, la persona interesada queda a la espera de la resolución.

Grados de minusvalía

La normativa vigente reconoce cinco categorías o grados de discapacidad, ordenados de menor a mayor porcentaje. Cada categoría reconoce un grado de dificultad para realizar las actividades de la vida diaria, de manera que el primer grupo incluye las deficiencias permanentes que no producen discapacidad y el último grupo, las deficiencias permanentes severas que suponen, incluso, la dependencia de otras personas.

  • Grado 1, discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no impide realizar las actividades de la vida diaria. La calificación de esta clase es del 0%.
  • Grado 2, discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida diaria, pero el porcentaje de minusvalía está entre el 1% y el 24%.
  • Grado 3, discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado de minusvalía está comprendido entre un 25% y un 49%.
  • Grado 4, discapacidad grave. Existe dificultad para algunas actividades de autocuidado y un porcentaje de minusvalía que oscila entre un 50% y un 70%.
  • Grado 5, discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria. El porcentaje de minusvalía es del 75%.

En esta clasificación se incluye la evaluación de los sistemas musculoesquelético, nervioso, cardiovascular, hematopoyético y endocrino, así como los aparatos respiratorio, digestivo, genitourinario y visual, la piel, el lenguaje, las neoplasias, el oído, la garganta y las estructuras relacionadas. No se incluye a las personas con retraso mental, ya que esta circunstancia cuenta con criterios específicos de evaluación al considerarse que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria.

Beneficios que otorga el certificado

Jurek Durczak

Las personas discapacitadas a las que se reconoce una minusvalía superior al 33% cuentan con una serie de beneficios. En el ámbito económico, la ley contempla reducciones en la base liquidable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para trabajadores con una discapacidad superior al 33%. En concreto, El artículo 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, establece que los contribuyentes discapacitados pueden reducir la base imponible en 2.000 euros anuales o en 5.000 euros, “si el grado de minusvalía es igual o superior al 65%. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a la hora de adquirir un vehículo sólo deben pagar el 4% en lugar del 16%. Además, las personas discapacitadas están exentas de abonar el impuesto de matriculación y de circulación de vehículos.

Se contemplan reducciones en la base imponible del IRPF, prestaciones económicas y la exención de los impuestos de matriculación y circulación de vehículos

En cuanto a las prestaciones, los progenitores tienen derecho a percibir una asignación económica por cada hijo o hija menor de 18 años con un 33% o más de discapacidad o mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%. Por su parte, las personas entre 18 y 65 años, con una minusvalía reconocida igual o superior al 65% y que carecen de rentas o ingresos suficientes pueden recibir una pensión no contributiva por invalidez. Por último, se reconocen otras prestaciones de integración social de los minusválidos, que comprenden un subsidio de movilidad para gastos de transporte -personas mayores de 3 años con una discapacidad igual o superior al 33%- y asistencia sanitaria y farmacéutica -personas con una discapacidad igual o superior al 33% y que no tienen cubierta esta necesidad-.

Otros beneficios derivados del certificado de minusvalía hacen referencia a la compra de una vivienda, ya que el plan de vivienda 2005-2008 establece la concesión de una ayuda para la compra de viviendas de protección oficial (VPO) y la subsidiación de los intereses del préstamo solicitado. Por su parte, las instituciones autonómicas o locales pueden contemplar otras ayudas individuales para la adaptación del hogar o adquisición de ayudas técnicas, así como zonas de aparcamiento reservado o prioridad en el acceso a un empleo.

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