LA MINISTRA NARBONA PEGA UN TIRÓN DE OREJAS AL PRESIDENTE CAMPS.

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jueves, 09 agosto 2007

LA MINISTRA NARBONA LE ESTIRA DE LAS OREJAS AL GOBIERNO CONSERVADOR DE FRANCISCO CAMPS Y LE PIDE QUE “ABANDONE ACTITUDES QUE SÓLO SON CONTRARIAS AL INTERÉS DE LOS VALENCIANOS”…

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, trasladó ayer su deseo de que la Generalitat valenciana – que preside el conservador Francisco Camps – “trabaje por el interés de los valencianos”. Le instó a que “abandone actitudes que solamente son contrarias al interés de todos los valencianos”, dijo. Con motivo de su visita a las obras de construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja (Alicante) y a preguntas de los medios de comunicación, Narbona aseguró que todas las actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en materia hídrica en la provincia “está cumpliendo todas las leyes y, hasta ahora, se nos está dando la razón”. Resaltó además que “se le ha quitado la razón, hasta ahora, a la Generalitat valenciana”.

El Tribunal Constitucional apoya al gobierno español contra la Generalitat de Camps. Respecto al rechazo de la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Torrevieja a la planta desalinizadora en esta localidad, Narbona subrayó que “el Tribunal Constitucional (TC) acaba de decir que no hay afecciones ambientales significativas por la construcción de esta planta”. “Yo me pregunto si el Tribunal Constitucional sólo tiene razón cuando le da la razón al PP, y si el Tribunal Constitucional es una instancia superior que todos respetamos, o algunos piensan que sólo está ahí para darle la razón a ellos”, comentó la titular de Medio Ambiente.

La desaladora de Torrevieja respeta el entorno medioambiental. La sentencia favorable del Pleno del Tribunal Constitucional del pasado 27 de julio -con un solo voto particular de 11 magistrados presentes-, autorizó la continuación de las obras, al entender que de su puesta en marcha no se derivan afecciones ambientales que justifiquen la paralización frente a los intereses generales que representa la planta desalinizadora, según recordaron hoy en un comunicado fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.
En la resolución, el Tribunal Constitucional subraya que la ubicación de la planta en la zona periférica del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja no supone riesgo para los hábitats o espacios de singular valor de la zona. De igual modo, el alto tribunal desestima que el funcionamiento de la planta tenga algún efecto sobre los hábitats marinos.

La Unión Europea, también a favor de la planta hídrica, desestima las alegaciones del gobierno de Camps. En este sentido, la resolución del TC se manifiesta en la misma línea que la decisión de la Comisión Europea, que el pasado 24 de mayo desestimaba que el proyecto tenga un impacto negativo sobre los espacios de la Red Natura 2000 en la zona o suponga una vulneración de la legislación comunitaria tal como se había alegado desde la Generalitat Valenciana. Narbona también se preguntó sí “la Comisión Europea es también una instancia a la que se recurre desde la Generalitat valenciana con una queja contra esta planta, y la Comisión Europea, no ha dado ni siquiera por recibida esa queja porque no encuentra ninguna razón desde el punto de vista ambiental, una vez más”.
“Si la Comisión Europea trabaja en contra de los valencianos, y si es un organismo del que uno no se puede fiar: ¿por que recurren entonces a ella? O es que aquí la Comisión Europea también sólo tiene razón cuando le da la razón al PP?”, insistió Narbona.

La futura planta de Torrevieja tendrá una capacidad de producción diaria de 240.000 m3, y de 80 hm3 de producción anual. Las previsiones del Ministerio contemplan destinar 40 hm3 al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y de otros usuarios, a través del centro de intercambio de derechos de uso del agua, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Segura, y otros 40 hm3 a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para abastecimiento. Esta actuación del Programa Agua (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) supone una inversión de 215 millones euros, de los cuales 55 serán financiados con los Fondos Europeos. Los costes de operación y mantenimiento durante 15 años alcanzan los 82 millones, por lo que el contrato adjudicado por Acuamed se eleva a un monto global de 297 millones de euros, según apuntaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

agosto 9, 2007 en EL PODER EN PERSONA

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