LA CORRUPCIÓN URBANISTICA NO HA SIDO CASTIGADA EN LA URNAS.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

  • José Garc�a Abad
  • JOSÉ GARCÍA ABAD

    29/05/2007

Ecos de S.A.

El ladrillazo no ha sido suficientemente castigado en las urnas

El ladrillazo apenas ha sido castigado en las urnas o al menos lo ha sido muy selectivamente. En efecto, la corrupción urbanística ha golpeado con más rigor a los ayuntamientos del PSOE incriminados que a los gobernados por el Partido Popular, un hecho que tiene una doble lectura, una buena y otra mala. La buena es que el ciudadano da por supuesto que la izquierda debe ser ejemplar y castiga a esta con más rigor cuando sus representantes se venden. La mala indica una manga demasiado ancha de los ciudadanos ante el enriquecimiento ilícito o al menos una insuficiente sensibilidad ante el poder corruptor del ladrillo.

 Algo ha dicho el electorado pero no parece suficiente: En las filas del PP, Carlos Fabra el incombustible cacique de Castellón, se crece; Francisco González aumenta su mayoría en Mogán, el municipio de Gran Canarias salpicado por el escándalo urbanístico donde el PP consigue un concejal más; Andratx parecía que iba a tumbar al presidente balear Jaume Matas pero los populares cosecharon tres concejalías más; en Alhaurín el Grande los conservadores consiguen mejorar sus resultados; en las Navas del Marqués el popular Gerardo Pérez continuará como alcalde a pesar de sus desmanes contra aquel entorno paradisíaco. En cambio en Ciempozuelos el PSOE pierde dos regidores; en Seseña en la que se reafirma Izquierda Unida el PSOE perdió un edil, y prácticamente han sido barridos de Marbella.

Parece como si el pueblo soberano, siguiendo las indicaciones de Guizot el primer ministro de Felipe de Orleáns hubiera ordenado a sus representantes: “¡Enriqueceos!. La voz del pueblo es la voz de Dios pero en algunas localidades la conciencia popular aparece un tanto narcotizada y alguien debería sacudirla convenientemente. Al menos el Gobierno central no debería caer en laxitud ante la constatación puesta de manifiesto el pasado domingo de que la corrupción urbanística tiene un coste electoral cercano al cero. Incluso empiezo a convencerme de que en estos asuntos de recalificaciones y permisos para matar el paisaje determinadas decisiones deberían tomarse desde el Estado Central. El argumento de acercar la Administración a los administrados parece saludable salvo en los casos en que semejante proximidad alcanza el contubernio.

El diario El País del pasado 23 de mayo abría su primera página con una foto cuyo pie rezaba: “El desastre urbanístico de la Costa del Sol, visto desde el aire”. Mi primera impresión fue que aquella imagen en la que se veía una gigantesca muralla de edificios que tapaban el mar y hasta la montaña no era en realidad una foto sino una maqueta tremendista de lo que nos podría ocurrir si no hacíamos algo para evitarlo. Pero no, aquello, está ya allí: la costa malagueña está enterrada por 300.000 viviendas construidas en menos de una década.

Solo el Estado puede tomar las riendas de este asunto y me da la impresión de que la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio no es suficientemente disuasoria. Sin embargo peor es no hacer nada y al menos la nueva norma aumentará la transparencia en el sector, los terrenos serán valorados conforme a su naturaleza y no por las expectativas de futuras reclasificaciones y se reserva el 30 por cien del suelo nuevo a viviendas de protección social. Se ha presentado como una vacuna contra la corrupción pero la experiencia demuestra que la delincuencia, siempre innovadora, camina varios pasos por delante de la norma y de la represión. Quizás, de momento no se pueda ir mas lejos ya que el Tribunal Constitucional sentenció en su día que no se pueden arrebatar competencias urbanísticas a las comunidades autónomas. Quizás la solución se encuentre en buscar un consenso entre las distintas administraciones y los partidos políticos en liza. En todo caso el liderazgo corresponde al Gobierno de la nación que debe marcar caminos éticos y mostrar las consecuencias morales de la corrupción y las secuelas de la destrucción del medio ambiente. Nos jugamos la calidad de vida de los ciudadanos y el mundo de nuestros hijos.

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Un comentario en “LA CORRUPCIÓN URBANISTICA NO HA SIDO CASTIGADA EN LA URNAS.

  1. Los problemas del urbanismo vienen de la STC 61/97 que deja en manos de las CCAA todas las competencias de ordenación del territorio. A partir de ahí, durante unos años y hasta la promulgación de las distintas leyes autonomicas, vacio legal y caciquismo municipalista de TODOS los partidos. Ahora la corrupción se traslada de los Aytos a… Sevilla, Valencia, Santiago…
    Mi opinión como experto en la materia: la ley del 98 era muy buena pero utópica.
    La ley del Suelo de 2.007 es una m.
    De su estudio se deducen incoherencias y complejos y el deseo de primar a las partes (CCAA) sobre el todo (Estado). Las valoraciones de suelo que sustituyen el contenido de la Ley RSV del 98 y la Ley de Expropiación Forzosa son confiscatorias, injustas y, a la larga, inconstitucionales.

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