EL CASO ALFONSO RUS: “MAS MADERA!

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http://rus2.blogspot.com/

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CAMPS DEMUESTRA UNA VEZ MAS SU HIPOCRESIA POLITICO-RELIGIOSA.

CIENTOS DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES VALENCIANOS DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE FRANCISCO CAMPS DEJA A MÁS DE 60.000 AFECTADOS SIN RECURSOS PARA ATAJAR ESTAS PATOLOGIAS DE LAS QUE “SÓLO SE HABLA CUANDO HAY ASESINATOS”

Los familiares y enfermos mentales de la Comunidad Valenciana se concentraron ayer por la mañana en la Plaza de la Virgen de Valencia, enfrente del Palacio de la Generalitat, para protestar y denunciar que el gobierno que preside el Popular Francisco Camps deja sin recursos a la sanidad pública para combatir estas patologías. La concentración fue convocada por la Plataforma de la Salud Mental Pública. Fuentes de la organización recordaron que las enfermedades mentales graves -como la esquizofrenia o el trastorno bipolar- afectan a cerca de 100.000 habitantes de la Comunidad, por lo que pidieron a las administraciones públicas que mejoraran los recursos para esta área.
Alicia Mesager, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Salud Mental, hizo especial hincapié en que “se trata de personas que normalmente no se atreven a salir a la calle y decir: yo estoy afectado por una enfermedad mental”.  “Por eso es tan importante – señaló – que hoy estén aquí, que la gente los vea, porque sólo se habla de ezquizofrenia cuando se ha producido un asesinato, y es necesario que la sociedad se de cuenta de que no son criminales”.

La consellera, Alicia Miguel, miente sobre el número de plazas disponibles en residencias. La plataforma insiste en sus reivindicaciones resaltando lo que llama “el fenómeno de la privatizaciones galopantes”, porque la consellería de Bienestar Social que dirige Alicia Miguel, falsea el aumento de la oferta de plazas. Para los familiares de enfermos mentales la consellería está ofreciendo residencias mixtas que además de ser escasas en número , solo sirven para aparcar a los enfermos mentales para que no molesten. En ellas se obliga a convivir a enfermos de 30 años con otros enfermos de la Tercera Edad.

Más pisos tutelados para enfermos mentales. Frente a este modelo, la plataforma reclaman “viviendas tuteladas en el entorno, que no tengan que irse a un sitio de donde no puedan salir”. Se trata de una vía de integración que debe ir acompañada con un trabajo, rehabilitación y una inserción laboral firme.

COMUNIDAD VALENCIANA: EL 27-M TODOS A VOTAR PARA MANDAR AL PP A SU CASA. ¡JA HI A PROU!

lunes, 21 mayo 2007

LA CLAVE PARA QUE FRANCISCO CAMPS Y LOS SUYOS SALGAN DE LA GENERALITAT ESTÁ EN NO QUEDARSE EN CASA E IR A VOTAR EL 27 M:SUPERANDO EL 72% DE PARTICIPACÍÓN, EL PP EMPIEZA A HACER LAS MALETAS…

En el alud de sondeos y pronósticos de voto para el 27 M, hay un factor clave y determinante para que el PP, su jefe Francisco Camps y lo suyos, salgan de la Generalitat Valenciana. Según coinciden expertos valencianos curtidos en lides electorales, superando un 72% de participación en las urnas, la derecha empieza a hacer las maletas y deja paso a un gobierno progresista de izquierdas.
Según destaca una encuesta del Grupo Marest para el diario valenciano LEVANTE-EMV, el presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Francisco Camps, perderá la mayoría absoluta. El PP obtendrá 49 de los 99 escaños en Les Corts (en las anteriores legislaturas eran 89 diputados). El PSPV, siempre según el mismo sondeo, saldría con 40 diputados. Como tercera fuerza, el Bloc Nacionalista y EU, en su plataforma “Compromís pel País Valencià” sumarían 11 diputados. El estudio señala además que el voto regionalista quedaría dividido entre Coalición Valenciana y Unión Valenciana y que ninguno de los dos obtendría representación parlamentaria.
Todas estas previsiones están supeditas a que se supera el listón del 72% de participación. Por esta razón, el PP piensa que cuanto menos movilización ciudadana haya en la campaña mejor le irá, porque su electorado conservador y ultra conservador ya esta movilizado.   

Las urnas democráticas en la Comunitat Valenciana han sido más veces de izquierdas que de derechas. La Comunitat Valenciana ha celebrado seis elecciones autonómicas desde la aprobación de su Estatut de Autonomía en 1982, en cuatro de las cuales se obtuvo mayoría absoluta: en 1983 y 1991 por parte del PSPV-PSOE, y en 1999 y 2003 por el Partido Popular. Además, en 1987 el PSPV-PSOE fue el partido más votado, pero se quedó a falta de tres diputados para la mayoría absoluta, y en 1995 esta situación se repitió con los populares, que consiguieron 42 escaños. En las primeras elecciones, celebradas el 8 de mayo de 1983, el PSPV obtuvo 982.567 sufragios (el 52%), que le supusieron 51 escaños, frente a los 32 de Alianza Popular (AP), que logró 609.519 votos (el 32%). En las siguientes elecciones, las del 10 de junio de 1987, el PSPV volvió a ser el partido más votado, con 829.023 sufragios (42%) y 42 diputados, seguido por AP, que con 475.419 votos (24%) obtuvo 25 escaños.
Las terceras elecciones autonómicas se celebraron el 26 de mayo de 1991 y dieron de nuevo la mayoría absoluta al PSPV, que con 860.429 votos (43%) consiguió 45 escaños. Le siguió el Partido Popular, con 558.617 votos (28%) y 31 diputados.

EL PP llegó a la Generalitat en 1995 con el apoyo de Unió Valenciana. El 28 de mayo de 1995 se celebraron las cuartas elecciones autonómicas, en las que el PP se convirtió por primera vez en el partido más votado, con 1.013.859 votos (43,3%) y 42 diputados, a falta de tres para la mayoría absoluta. En las quintas elecciones, celebradas el 13 de junio de 1999, el PP obtuvo su primera mayoría absoluta en les Corts Valencianes, al conseguir 1.085.011 votos (48,6%) y 49 escaños. El PSPV logró 768.548 sufragios (34,4%) y 35 diputados. El 25 de mayo de 2003 tuvieron lugar las sextas elecciones autonómicas, en las que el PP revalidó la mayoría absoluta, con 48 escaños y 1.146.780 votos (47,90%). El PSPV-PSOE logró 874.288 votos (36,52%) y 35 diputados, seguido de L’Entesa (coalición formada por Esquerra Unida, Els Verds y Esquerra Valenciana), que consiguió 154.494 votos (el 6,45%) y 6 escaños.

VOTAR AGUIRRE Y GALLARDON ES VOTAR AZNAR.

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20/05/2007

Votar Aguirre y Gallardón es votar Aznar

Al alcalde de Madrid se le ha caído estos días su careta de centrista

Que no se engañen los ingenuos. Aznar y Gallardón son en la prática lo mismo. Más aún: Gallardón y Aguirre no son contradictorios; son complementarios. El mitin de anoche en Madrid certifica cuanto he escrito. Aznar –presentado sin rubor alguno por Ana Botella, teniente/a de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, cual si fuera Evita– avaló ante los madrileños tanto a Gallardón como a Esperanza Aguirre. Las desgracias unen mucho. Y a Gallardón – lamentablemente para él- se le ha caído en estos últimos días su careta de centrista. Ha reaccionado ante su torpeza como si fuera, más o menos, Acebes o Zaplana. Ha intentado romper el espejo, como lo rompió la madrastra de Blanca Nieves, cuando el espejo/espejito no le reconocía como la más guapa. Empieza a demostrarse, por desgracia para el conjunto de la ciudadanía de este país, que Gallardón no es –en el interior del PP- el más guapo. No se sabe a ciencia cierta quién es en la derecha española el más guapo. Pero se sabe ya –salvo milagros o prodigios imprevisibles- que no es Gallardón.

Aznar hizo el discurso de la frustración y del resentimiento. No fue capaz de articular cualquier otra reflexión. Entre la guerra de Irak y la autoría del 11-M, este hombre ha perdido la cabeza o, si se prefiere, el mínimo decoro exigible a quien ha sido –democráticamente- presidente del Gobierno. Su discurso en el mitin madrileño no sólo fue vergonzoso, sino que volvió a dar la estatura o talla exacta de este perillán de la política. Atacó una vez más a Rodríguez Zapatero en el ámbito de la batalla contra el terrorismo y lanzó sobre el Gobierno actual las calumnias a las que los conservadores se aferran con rabia para desacreditar a los socialistas.

El rey del mambo
Quien intentó hasta la saciedad negociar con ETA –lo que hizo sin éxito pero con el apoyo del PSOE y del resto de partidos-, rechaza asumir que lo puede hacer su sucesor. No soporta Aznar, un dios menor -fracasado en su empeño de pasar a la Historia de España por la puerta grande-, que aquello que él intentó lo consiga Zapatero. Imaginar tal hipótesis lo pone en el límite del ataque de nervios. No está dispuesto porque su osadía carece de freno y porque se creyó el rey del mambo cuando se convirtió en auxiliar del verdugo de millones de ciudadanos de Irak inocentes.

Impericia
Gallardón ni se desmarcó de Aznar ni respondió a las preguntas de Miguel Sebastián sobre la conexión madrileña de la operación malaya. El líder de la moderación popular exhibió de nuevo su impericia en cuanto a cordura y, en paralelo, su sumisión al PP aznarista, más cercano a la extrema derecha que a posiciones centristas o de la UCD suarista.

Dentro de una semana
Dentro de exactamente una semana se abrirán las urnas. Aznar continúa siendo el jefe fáctico de su partido. Mariano Rajoy es un actor secundario cuyos errores acostumbran a ubicarse en el territorio de la demagogia más rastrera. Aguirre se cree –arropada por sus aires de grandeza- la salvadora de España, mientras Gallardón ha sufrido una cornada que le puede costar muy cara a corto plazo y, sobre todo, a medio.

Urbanismo sospechoso
Votar Aguirre y Gallardón es votar Aznar. Unos hacen una pantomima y otros desde la izquierda intentan que resplandezca la verdad sobre el urbanismo madrileño. Un sospechoso urbanismo, por cierto, que pudo facilitar probablemente el tamayazo. O sea, el ascenso de Aguirre a la cúpula de la Comunidad de Madrid. ¿Regresa otra vez Aguirre a la España del Aznarato? Mucho cuidado, porque el 27 de mayo será no sólo un termómetro municipal, sino global. Con Aznar procurando volver precipitadamente al timón de del barco.

E.S

EL PP ENCABEZA EL RANKING DE CANDIDATOS IMPUTADOS EN TODA ESPAÑA.

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21/05/2007

Siete miembros del gobierno regional, nueve alcaldes…

El PP murciano va a las elecciones con 22 militantes imputados

VMPRESS / FRANCISCO M. MARTÍNEZ

El Partido Popular presidido por Ramón Luis Valcárcel se presenta a la reelección a un quinto mandato a la comunidad autónoma de Murcia teniendo imputados en los tribunales de justicia a 22 destacados militantes de su partido, entre éstos a siete cargos de su propio gobierno regional, nueve alcaldes y siete concejales. La siguiente es, grosso modo, una cartografía de la corrupción urbanística con la que el PP en la comunidad murciana se presenta a las elecciones del próximo domingo, 27 de mayo. Todo un siniestro cártel de la corrupción política.

La lista de imputados la encabezan tres directores generales (uno de ellos inmerso en dos procesos), una ex directora general (esposa de uno de los directores generales imputados), un subdirector general y dos jefes de servicio. Le siguen los alcaldes de Águilas, Alcantarilla, Archena, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, Ulea, Villanueva y Cieza (este último inmerso en dos querellas), y que se presentan como candidatos a la reelección el 27 de mayo. También tiene imputados a siete concejales, entre estos, todo el gobierno local de Puerto Lumbreras. A ellos se suman dos ex concejales, dos arquitectos municipales y un secretario de corporación de ayuntamientos gobernados por el PP.

Otras investigaciones
Se suman a todos estos procesos en curso que se siguen en los tribunales de justicia investigaciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que afectan a la alcaldesa y concejal de Urbanismo de Cartagena, Pilar Barreiro y Agustín Guillén, respectivamente, y a otro concejal de Mula. El propio ejecutivo regional del PP de Valcárcel está siendo, asimismo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de descontaminación de una laguna en la sierra minera de La Unión, diligencias que deberán culminarse a lo largo de este mes de mayo.

Cohecho, prevaricación, falsedad…
La totalidad de las acciones judiciales de este mapa de la corrupción en la comunidad murciana se siguen por presuntos delitos relacionados con el urbanismo, el medio natural y la ordenación del territorio. Van desde la prevaricación y el cohecho al tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la falsedad en documento oficial. Y todo ello al calor de un urbanismo desaforado hasta ahora desconocido fruto de una ley del suelo del gobierno Aznar hace escasos días derogada por el gobierno Zapatero. Y a una ley del suelo y normas de ordenamiento territorial en la región murciana puestas en vigor por el gobierno Valcárcel que desprotegen más de once mil hectáreas de su patrimonio natural, tanto en la costa como en el interior y que, como la de su correligionario, aboga por la liberación total del suelo para su urbanización.

Proyectos insostenibles
A través de los denominados convenios urbanísticos que tramitan los diferentes ayuntamientos murcianos, hay proyectadas construir en la región murciana entre 500.000 y 800.000 nuevas viviendas y decenas de resorts y hoteles y cincuenta nuevos campos golf, para una población residencial que duplicaría o triplicaría la población actual, en una región situada en el ecumene del equilibrio ecológico y con un déficit hídrico histórico y estructural, una extensa plataforma agraria y con un serio proceso de desertificación

Valcárcel no cumple
La corrupción urbanística que lacera la mayor parte de los espacios municipales de la región y que tiene judicializadas las actuaciones políticas del PP de los últimos años se ha convertido en centro de debate en la presente campaña electoral de municipales y autonómicas. Es un asunto central en los mítines del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato socialista a la presidencia de la comunidad murciana, Pedro Saura. Desde el PSOE se señala que Valcárcel no cumple con su palabra, pues ya en el año 1995 se comprometió públicamente a exigir responsabilidades políticas cuando “hubiera dudas razonables de las actuaciones de los altos cargos del PP”.

Candidatos corruptos
También para el candidato de Izquierda Unida Los Verdes a la comunidad murciana, José Antonio Pujante, Valcárcel tendría “que asumir su responsabilidad y cumplir con su palabra” puesto que de lo contrario es “cómplice de un presunto caso de corrupción”. Sin embargo, el PP no sólo ha alejado a sus militantes imputados de sus cargos públicos, sino que, en el caso de los alcaldes y concejales, los mantiene en sus listas electorales del domingo 27 de mayo, y la portavoz parlamentaria socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, arguye que la cabeza de toda esta corrupción es el propio Valcárcel.

La Zerrichera, el peor caso
El caso de corrupción urbanística más importante que tiene contra las cuerdas de la justicia al Partido Popular (PP) y a su presidente, Ramón Luis Valcárcel, es sin duda el de La Zerrichera. Cinco altos cargos de su gobierno están gravemente imputados en el procedimiento que sigue el juzgado de Instrucción número 3 de Murcia. También lo está el alcalde y un ex concejal de Águilas, todos ellos destacados militantes del PP. La investigación sobre la reclasificación urbanística de este paraje protegido por la Unión Europea apunta la posibilidad, incluso, de que el consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuña, y el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, se vean inmersos en el proceso judicial. Los presuntos delitos contra los imputados son gravísimos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento oficial, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delito urbanístico.

Protegido por la UE
La Zerrichera es uno de los pocos parajes naturales intactos en la región de Murcia y está declarado por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Este espacio natural está situado en la sierra de la Almenara, al sur de la región de Murcia y pertenece al municipio de Águilas. Para su especial protección, la consejería de Medio Ambiente llegó a recibir 800.000 euros de la Unión Europea, a través del Proyecto Life.

Constructores enriquecidos
El grupo Hispania Inversiones planea un proyecto urbanístico en este paraje para la construcción de 4.000 viviendas, hoteles y un campo de golf de 18 hoyos, para una población residencial de unas 15.000 personas. El presidente de Hispania, Trinitario Casanova, amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, ha llegado a acusar públicamente a Valcárcel de “cobarde” por no haber cumplido sus compromisos. El promotor Casanova había vendido los terrenos a la Kutxa, pocos días después de la reclasificación urbanística lo que, sin levantar un solo ladrillo, le supuso un beneficio de 75 millones de euros. En todo este escándalo de corrupción, el ahora candidato socialista al ayuntamiento de Águilas, Ramón Román, denunció ante el fiscal jefe de Murcia que el concejal Pedro Gil, expulsado del PSOE, hizo de intermediario de Casanova, al ofrecerle un millón de euros para comprar su voto en la reclasificación de La Zerrichera.

La laguna, amenazada
Sobre el director general de Calidad Ambiental, el militante del PP Antonio Alvarado, marido de la también imputada Encarna Muñoz, ex directora general del Medio Natural, no sólo recae la querella de la Fiscalía sobre el caso de La Zerrichera, sino también otra por presunto delito urbanístico en Puerto Mayor, en un proceso en manos del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. En este caso, donde se contempla la construcción de un puerto deportivo de mil amarres, 3.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en suelo de dominio público marítimo-terreste, está también querellado el director general de Transportes y Puertos, Marcos Ortuño, que dimitió tras conocerse este proyecto ubicado en el canal del Estacio, que crearía daños irreversibles sobre el Mar Menor y La Manga, ya que dicho canal sirve para la renovación hídrica de la mayor laguna marítima del mediterráneo.

Lo curioso de este caso es que el número tres del PP regional y concejal de Fomento en el ayuntamiento de Murcia, el constructor Antonio Sánchez Carrillo, como miembro del consejo de administración de la empresa promotora tenía la función de supervisar y controlar las obras de Puerto Mayor, y abandonó dicho consejo tras conocerse el escándalo.

Políticos accionistas
Sánchez Carrillo, número dos del ayuntamiento de Murcia, también es accionista, junto al abogado Carlos Valcárcel, hermano del presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, de la empresa de construcción y promoción inmobiliaria, Ronda Sur Levante, que lleva a cabo proyectos en la zona norte de la ciudad de Murcia.

Toda una saga familiar
El candidato socialista a la comunidad murciana, Pedro Saura, ha acusado también a Valcárcel de pertenecer a una “saga” familiar propietaria de más de una decena de empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria para hacer “pingües negocios”. El abogado Carlos Valcárcel, hermano del candidato del PP, está presuntamente involucrado en el caso Lo Poyo, otro mega proyecto urbanístico en otro paraje natural del Mar Menor en donde el cartagenero Roca, cerebro de la trama del ayuntamiento de Marbella, invirtió en la compra de terrenos para su posterior recalificación por el ayuntamiento de Cartagena.

LA EXPLOSIÓN DE LA BURBUJA INMOBILARIA: MANUAL DE USO PARA CIUDADAN@S.

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http://www.viviendadigna.org/?ver_noticia.php?id=4842  (Toda la información en un clik en este link)

ENTENDER EL TERRITORIO, QUERER LO PÚBLICO

A merced de los tiempos

Es curioso comprobar como el tiempo dispone de nosotros y hace que nuestros pasos a veces avancen en direcciones que no imaginábamos. Aunque hace mucho sentí la inquietud por lo público nunca imaginé que mi nivel de compromiso llegaría donde ha llegado. Ayer tuve una parte importante de responsabilidad en la política de vivienda en Aragón, hoy en la urbanística… Mañana el tiempo dirá, las aspiraciones y querencias personales, como las de tantas otras personas, deben mantenerse en la intimidad. Quizá algunas se vislumbren aquí. No es la intención. Sólo trato de compartir y, si quereís, debatir -como un ciudadano más- impresiones y opiniones sobre urbanismo, vivienda, política, derecho público y otras aficiones.

 

 

sábado 19 de mayo de 2007

Entender el territorio, querer lo público

“Hay que salvar a España del urbanismo salvaje”. Éste es el contundente mensaje que lanza desde Palma de Mallorca José Luis Rodríguez Zapatero. Frente al urbanismo al servicio de unos pocos propugna un urbanismo al servicio de todos. A uno, que es pelín afrancesado y, lo reconozco, procuro reconducir ciertas tendencias jacobinas acaso surgidas del rechazo a los excesos, le viene a la cabeza el primer artículo del Código del Urbanismo francés, que establece que le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace” (art. L110). Probablemente, si alguien en España plantease tamaña declaración tendríamos la desgracia, una vez más, de asistir a debates -documentados e indocumentados- sobre multitud de matices y, como siempre, perderíamos la percepción de lo esencial.
¿Y qué es lo esencial? La supremacía de lo público o, dicho de otro modo, la primacía de lo común sobre lo particular. En este país, y más en el urbanismo, esto es auténtica ciencia ficción. Y es que, pese a las declaraciones constitucionales al respecto, cualquier actuación administrativa que trate de garantizar ese principio es puesta en cuestión desde lo privado. Hemos asistido a una reciente polémica en Zaragoza en relación con la ejecución por el Municipio de las reservas de suelo unánimemente aprobadas en el vigente Plan General para la promoción futura de viviendas protegidas. No faltaron grupos políticos municipales que en su día votaron a favor de las reservas, ostentando incluso responsabilidades de gobierno, y que esgrimieron ahora el derecho de los ciudadanos afectados a promover vivienda libre (en realidad, a enajenar sus terrenos incorporando una plusvalía no ganada para que otros promuevan vivienda libre). La reserva se estableció, bueno es recordarlo, para promover vivienda protegida.

Sería interesante, ahora que es tiempo de encuestas, conocer la opinión de los ciudadanos sobre estas cuestiones. La misma sociedad que reclama vivienda asequible, políticas no especulativas y urbanismo sostenible cuestiona las acciones públicas que comportan intervención en el mercado del suelo, valoración no especulativa del mismo o contención del crecimiento en favor de la expansión. La misma sociedad que reclama de la Administración un papel activo en las políticas de suelo y vivienda cuestiona que esa Administración actúe como un operador más en el sector poniendo en valor activos públicos que, al menos así lo pienso yo, son de todos. Asistimos a un permanente ejercicio de hipocresía social resultado de una percepción ciudadana de lo público como algo ajeno, algo que no es preciso cuidar en exceso porque no es nuestro, algo de donde recibir pero a lo que no hay que aportar, algo a lo que siempre que sea posible hay que engañar… Pero lo público es de todos y, para bien o para mal, revierte en todos. Cuando lo público gana, ganamos todos. Cuando lo público pierde, perdemos todos.

El suelo es “patrimonio común de la nación” y, por ello, cualquier ciudadano, sin excepción, debiera cuidarlo y quererlo como propio, ponerlo prioritariamente al servicio del conjunto de la sociedad, protegerlo de los abusos y, para ello, promover su adecuada ordenación teniendo en cuenta prioridades sociales de vivienda, transporte y movilidad, medio ambiente y eficiencia económica. La que ha de adaptarse a ello es la propiedad.

Publicado en la Bitacora de Julio Tejedor