OPINION: AINA CALVO, “EL COMBATE DE LA CORRUPCION”

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El combate de la corrupciónAINA CALVO

anapixel


Hoy sería poco razonable negar que, si en el Estado estamos duramente enzarzados en arduos asuntos relacionados con el poder y con la ideología, que consumen todas las energías del debate político, en los niveles autonómico y municipal tenemos un problema preferente, grave y muy concreto, que acaba de estallarnos entre las manos: la corrupción económica, vinculada a la actividad urbanística. Cuando ésta se ha desaforado, como acaba de ocurrir en los últimos años, aquélla se ha disparado hasta extremos alarmantes, que amenazan con provocar un verdadero divorcio entre la opinión pública, lógicamente indignada por el espectáculo, y la clase política, que probablemente no ha hecho todo lo posible ni se ha tomado el necesario interés para erradicar de su seno a quienes han «abusado de su poder público en beneficio de lo privado», por utilizar la definición que ha dado de la corrupción el Banco Mundial. Aquí, en Baleares, tenemos bien a mano la evidencia que corrobora lo que quiero decir.El fenómeno de la corrupción no es nuevo ni nos afecta apenas a nosotros: está instalado en la globalización, bien sea porque efectivamente se haya extendido como consecuencia de dicho proceso innovador o porque se le presta más atención una vez que la información se produce cada vez con más facilidad y se extiende con menores rozamientos. El problema es tan perentorio y la solución tan urgente que ya no caben especulaciones ni rodeos, ni siquiera una pausa para tomar impulso a la luz de lo que ocurre lejos de nosotros: quienes estamos en la política con verdadera voluntad de servicio público y nos sentimos horrorizados ante el indigno espectáculo de la corrupción tenemos la obligación ineludible de aplicar todos los esfuerzos a combatir esta lacra con todas nuestras fuerzas para poder después reclamar la confianza perdida a la ciudadanía.Es posible que, como afirman algunas voces autorizadas, la corrupción urbanística esté facilitada por algunos factores, tales como una descentralización quizá excesiva de la ordenación del territorio y una insuficiente financiación de los entes locales, que les obliga a buscar recursos irregulares. Seguramente son éstos, efectivamente, factores que contribuyen a ello pero yo me niego en redondo a aceptar que la corrupción, como cualquier otro delito, esté inducida por defectos del sistema. Quien desde la política gestiona el dinero público ha de hacerlo con total limpieza y transparencia en todos los casos, sean cuales sean las condiciones de su trabajo. Y quien encuentre excusas para no hacerlo así, ha de ser apartado sin contemplaciones de su función antes de ser lógicamente conducido a rendir cuentas por su desvío ante la justicia penal.

En definitiva, pienso que ante la evidencia de que en nuestras Islas ha existido, está existiendo muy probablemente todavía, un abuso de confianza de quienes ostentan cargos políticos hacia la ciudadanía, un enriquecimiento ilícito de unos cuantos a costa de los demás, quienes aspiramos a ejercer la representación de los ciudadanos y ciudadanas y a gestionar en su nombre las instituciones tenemos que ser rotundos, casi brutales, a este respecto: no puede haber la menor transigencia hacia quien se desvíe lo más mínimo de ese servicio público que debe constituir el tronco medular de nuestra dedicación política.

Lógicamente, después de todo lo ocurrido, para convencer a la ciudadanía de nuestra integridad no basta con empeñar la propia palabra: es necesario establecer toda clase de controles, que especialmente tienen que centrarse en el del patrimonio de quienes estamos o queremos estar en la política. Pero dando este requisito por supuesto, creo que tenemos además la doble obligación del proselitismo y del rigor. Y me explico:

De un lado, hemos de hacer campaña constante de la limpieza escrupulosa de la tarea pública, hasta conseguir que la sociedad nos acompañe en este designio. Es bien sabido que este país ha sido durante mucho tiempo el reino de la picaresca, en el que quien defraudaba a Hacienda o especulaba con las plusvalías conseguía incluso prestigio social. Esta situación tiene que terminar y hemos de devolver el sentido originario a las palabras: quien se adueña de lo ajeno es un ladrón.

De otro lado, hemos de ser exigentes con la transparencia de la gestión pública. Para que una sociedad moderna pueda sentirse a gusto consigo misma no basta con que sus representantes no sean unos delincuentes: es necesario que asuman dignamente su función, que tengan principios.

Por mi parte, puedo garantizar que, tanto si consigo la Alcaldía de Palma gracias a la generosidad del electorado, como si los ciudadanos y ciudadanas me otorgan su confianza para que los represente en la oposición, voy a dar absoluta preferencia a esta cuestión. La lucha contra la corrupción es un asunto de pura supervivencia para las relaciones políticas de nuestra todavía joven democracia. Porque no puede existir una relación cabal entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, si no se instala la confianza en ella. Y, estando las cosas como están, la ciudadanía tiene perfecto derecho a dudar de la palabra de la clase política. Por lo que tenemos la obligación de invertir la carga de la prueba, de forma que exhibamos constantemente nuestra integridad y demos así credibilidad y consistencia a nuestra honradez, cuyo reconocimiento tendremos que ganar a pulso ante los ojos de todos.

Aina Calvo es candidata del PSIB a la Alcaldía de Palma

ainacalvo.com

 
 
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