El debate sobre el urbanismo
La Eurocámara condena la tolerancia con el urbanismo salvaje en la costa
La Comisión de Peticiones aprueba el informe que carga contra el «enladrillado» del litoral
R. M. DE RITUERTO / C. VÁZQUEZ – Bruselas / Valencia – 12/04/2007
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por 13 votos a 3 un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, así como varias recomendaciones para ponerles freno. El informe se centra en «el ‘enladrillado’ del litoral» mediterráneo, en particular el valenciano, sometido a «un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural». El consejero de Territorio, Esteban González Pons, calificó en Bruselas el informe de «inquisitorial e injusto» por centrarse en Valencia «cuando en toda España se construye igual».
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A la Comisión no le costó mucho aceptar los duros términos de este informe, según el cual «en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE». El documento es fruto del viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo por dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
«Lo que está ocurriendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es tanto desarrollo sostenible programado de las comunidades locales -aunque tal desarrollo también se produzca- cuanto, con frecuencia, un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural», señala el informe. El documento menciona también los graves obstáculos encontrados en su visita a la Comunidad Valenciana, donde el equipo investigador «halló una actitud más arrogante y donde se le facilitaron menos explicaciones».
La Comisión aprobó, con los votos de socialistas, verdes y liberales, las recomendaciones del informe, donde se insta a las comunidades autónomas a crear, con la participación de los defensores del pueblo locales, comisiones de arbitraje -la redacción inicial menciona «tribunales administrativos especiales», pero se varió la redacción-, a los que puedan tener acceso sin costes las personas directamente afectadas por proyectos urbanísticos. También se pidieron valoraciones económicas acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el de los Derechos Humanos cuando se imponga una compensación por pérdida de la propiedad.
Pese al voto en contra de tres eurodiputados populares españoles incluido el suyo propio, Luis Herrero dijo: «Con este informe básicamente estamos bastante de acuerdo». La intervención de su compañero de partido Carlos Iturgaiz fue de rechazo frontal al contenido del informe, del que dijo que su objetivo es «desgastar» al Consell.
El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein lamentó que el territorio valenciano «se haya convertido en el salvaje oeste europeo», mientras el parlamentario socialista Joan Calabuig recriminó la actitud de la Generalitat porque no ha defendido adecuadamente los intereses generales de los valencianos en esta cuestión.
González Pons, que pudo haber tomado la palabra en la Comisión, decidió no hacerlo finalmente. Éste cree ver intereses espúreos en la singularización de la Comunidad Valenciana «cuando en toda España se construye igual» y lamenta los onerosos costes en imagen, inversión y turismo que puede suponer semejante documento, que calificó de «inquisitorial e injusto».
Este último informe acaba aquí su recorrido. Aprobadas las recomendaciones en la Comisión, el contenido no se remitirá al pleno del Parlamento Europeo. Los dos representantes de la Comisión Europea -el del Mercado Interior y el de Medio Ambiente- explicaron que en junio se decidirá si el expediente abierto a España por falta de transparencia en los contratos públicos se remite al Tribunal de Justicia Europeo. También confirmaron que la Comisión ha abierto 19 expedientes contra España por abusos relacionados con atentados al medio ambiente.
El debate sobre el urbanismo
El ‘lobby’ valenciano hace piña contra el último informe
R. M. DE R. – Bruselas – 12/04/2007
A escasos metros de la sala en que la Comisión de Peticiones había aprobado el avasallador informe sobre el urbanismo en Valencia, la Generalitat se presentaba en sede parlamentaria como un objetivo turístico al amparo de la Copa del América. Junto a los consejeros de Territorio y Turismo hacían piña todos los representantes del sector turístico, de venta de segunda residencia, de la promoción y de la construcción. Viajaron con el consejero ocho promotores inmobiliarios y una docena de empresarios turísticos.
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La ofensiva del lobby valenciano, anunciada hace meses, se concretó ayer finalmente en una exposición de paneles, organizada por la Consejería de Territorio, y con una recepción en la sede de la Eurocámara, a la que asistieron 400 invitados, según la Generalitat. Por la mañana, la consejera valenciana de Turismo, Milagrosa Pérez, inauguró en Bruselas, una oficina Tourist Info. El objetivo de ambas iniciativas era contrarrestar los efectos de los informes de los eurodiputados.
Esteban González Pons subrayó que «hay millones de personas en Europa que quieren a la Comunidad Valenciana y la quieren tal cual es: verde y azul». La procesión iba por dentro. «Vivimos de nuestra imagen y cada vez que se nos da un golpe se le da a cientos de miles de personas, que ven sus puestos de trabajo en peligro», dijo evidentemente dolido por el informe. «Que se produzca un debate a principio de temporada es no tener conciencia del daño al sector turísticos». Se preguntó por qué no se investigan también desastres urbanísticos en el sur de Francia, en Italia, o ya en España, en Cataluña o el País Vasco. El consejero anunció su intención de reunirse con los embajadores del Reino Unido y Polonia para dar explicaciones.
Quejas de promotores
«Nos hemos visto injustamente atacados», agregaba Francisco Murcia, presidente de la Federación de Promotores de la Comunidad Valenciana, según el cual informaciones como la generada por la Comisión de Peticiones «hacen mucho daño» a la región, sobre todo a Alicante, donde se encuentra la mitad de la vivienda de la Comunidad Valenciana, la mitad de la cual se dirige a ciudadanos de la UE, en especial del Reino Unido.
José Luis Miguel, presidente de Urbe Desarrollo, la quinta feria inmobiliaria europea, con 272 expositores y 75.000 visitantes anuales lamentaba las generalizaciones del informe. «No se puede reducir todo el sector a unos cuantos casos, eso es difamar» decía. «Estamos pagando justos por pecadores. No hay derecho».
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