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Archive for the ‘GARANTÍAS JURÍDICAS’ Category

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 El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), recibió hoy, en el Palacio de La Moncloa, al secretario general de UGT, Cándido Méndez (i). 

EFE – Madrid – 19/02/2008 16:45
El PSOE incorporará a la Mesa de Diálogo Social el compromiso de reducir las cargas administrativas de las empresas, la participación en la gestión de infraestructuras de capital público y privado y la garantía de la unidad de mercado, anunció hoy el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El ministro dio a conocer la carta entregada hoy por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los agentes sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME), en la que propone mantener la continuidad del diálogo social, que ha tenido “excelentes resultados” en la anterior legislatura, pero con un enfoque más amplio para la próxima.

Público.es

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Uno de los militares fallecidos en el Yak calificó de “piratas aéreos” a quienes alquilaban el avión

Lo ha contado uno de los comandantes que están siendo interrogados por el juez Marlaska. Durante esta semana se recibirá la declaración escrita de Trillo y Bono comparecerá ante el juez. 

EFE – Madrid – 18/02/2008 16:28
El comandante Antonio Bendala ha relatado al juez que recibió un correo electrónico de su compañero José Manuel Ripollés cuatro días antes de morir en el accidente del Yak-42, en el que decía que los aviones de transporte de tropas se alquilaban a “piratas aéreos”.

Antonio Bendala, que esta mañana ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que investiga el accidente del Yak-42 en la parte relativa a la contratación del aparato, ha asegurado al magistrado que el comandante Ripollés, jefe de misión e ingeniero, “estaba suficientemente capacitado” para saber en qué condiciones se volaba.

Bendala, según ha comentado a los periodistas, se ha centrado en su comparecencia ante Grande-Marlaska en el correo electrónico que recibió del comandante Ripollés antes de fallecer, en el que aseguraba que los vuelos se estaban realizando “en condiciones límite”, al existir falta de seguridad y mantenimiento deficiente en los aviones.

Ha insistido en que el entonces ministro de Defensa Federico Trillo “abandonó” a los suyos después del accidente, que se produjo en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, pero no se ha referido al ex ministro dentro del despacho del juez en ningún momento, según han señalado fuentes jurídicas.

Faltan las declaraciones de Bono y Trillo  

Queda pendiente el interrogatorio al ex ministro de Defensa José Bono, cuya comparecencia ante el juez, en un principio prevista para hoy, ha sido aplazada hasta que el juez no reciba la declaración escrita de Federico Trillo, la cual le será enviada a lo largo de esta semana y deberá remitirla a la Audiencia Nacional “lo antes posible”, aunque sin fecha fija, han confirmado las mismas fuentes.

También falta por declarar Carol Norma, representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica contratada por la agencia NAMSA de la OTAN, contratista de los aviones, que igualmente se había fijado para hoy, pero que ha sido pospuesta ante la imposibilidad de que esta persona, residente en Londres, pudiera venir esta mañana.

Para facilitarle su comparecencia se le ha dado un plazo de un mes para que establezca en este tiempo el día que le convenga para presentarse en la Audiencia Nacional.

Cuatro mandos militares dijeron no conocer las “quejas” 

El juez Fernando Grande-Marlaska, a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir este procedimiento después de haberlo archivado el pasado junio, ha tomado ya declaración a cuatro mandos militares, quienes aseguraron no tener constancia de que las “quejas” sobre las deficiencias en los vuelos contratados con compañías de la ex Unión Soviética para trasladar tropas llegaran a la mesa de Trillo.

Además han pasado por su despacho el ex presidente de la Asociación de Familiares de las víctimas Alfonso Agulló, el entonces secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez Ugarte y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.
Publico.es

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Mi amigo del alma, Josep Bodí,  me envia este documento que ya hemos cumplimentado más de 7.000 ciudadanos.

Quiere demostrar su solidaridad a Montes y su equipo y reclamar un comportamiento digno de los políticos que nos gobiernan.


Un saludo a todos.
Hacérselo llegar a vuestros contactos  ¡¡¡¡PÁSALO!!!!
 http://www.quemeatiendamontes.com/firma.php

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Montes: “Habrá denuncias y querellas por las acusaciones de mala práctica”

AGENCIAS. 28.01.2008

  • El caso Severo Ochoa fue una “agresión contra la sanidad pública”.
  • Aseguró que ahora comienza “el tiempo de la reparación”.
  • Él y otros médicos exigen una campaña para rehabilitar su honor.

Minuteca todo sobre:

El doctor Luis Montes, cesado como coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés a raíz de unas denuncias anónimas sobre presuntas sedaciones irregulares, aseguró hoy que, por su parte, “no va a existir perdón” por las acusaciones de mala práctica que se vertieron sobre él y el resto de los médicos imputados por este caso, ya archivado.”A quien deben pedir perdón las autoridades sanitarias y la presidenta regional es a los usuarios”, dijo en rueda de prensa tras conocer el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que confirma el sobreseimiento de la causa y no advierte una mala práctica médica en los médicos que fueron imputados.

Habrá denuncias y querellas individuales y colectivas por las acusaciones

Acompañado de otros facultativos apartados de sus puestos en el centro sanitario, Montes aseguró que ahora empieza “el tiempo de la reparación” y exigió que, “al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad“, haya otra dirigida a “rehabilitar” el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital.

Montes auguró que, tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, habrá “denuncias y querellas individuales y colectivas” por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos colaboradores suyos en el Hospital Severo Ochoa.

El caso fue un “ataque contra la sanidad pública“, que ha derivado en una “pérdida de confianza de los pacientes” en el hospital y, en lo referente a la sedación de los enfermos terminales, en “una omisión de tratamientos en los síntomas al final de la vida” que presentan esos enfermos.

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 15/1/2008 

 CONFLICTOS

El Gobierno sale en defensa de las mujeres citadas por abortar

  1. • “No toleraremos que se vulnere su intimidad”, asegura De la Vega
  2. • La vicepresidenta y el ministro de Justicia abren la puerta a un posible cambio legal
EL PERIÓDICO
MADRID

En un momento en el que colectivos ultracatólicos se dedican a ejercer un pegajoso marcaje sobre las clínicas abortistas –concentraciones a sus puertas, insultos e incluso grabaciones con cámara oculta–, en el que la Iglesia ha renovado su sempiterno ataque contra esta figura, y, sobre todo, en el que un juez de Madrid ha llamado a declarar a 25 mujeres que en el pasado se sometieron a este tipo de intervención, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, denunció ayer todas estas maniobras como propias de una “campaña de intimidación”. El Ejecutivo, dijo en la Cadena Ser, “no va a tolerar que se vulnere la intimidad” de estas mujeres.
Las citadas vieron la pasada semana cómo agentes uniformados de la Guardia Civil llamaban a las puertas de sus casas para decirles que tenían que declarar ante el juez José Sierra, de tendencia conservadora, tras una denuncia de la plataforma católica La Vida Importa por presuntos abortos ilegales realizados en la clínica Isadora, en Madrid. ¿Supuso esa visita de la Benemérita una violación de la intimidad de las mujeres? De la Vega, quien no entró a juzgarla, explicó que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dado orden a la Fiscalía para que “extreme el control” e investigue esta decisión judicial. El ministerio público también recibió ayer una carta del líder de IU, Gaspar Llamazares, en el que este pide que se “actúe en favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

PRÓXIMA REUNIÓN Y,
en la jornada que supuso la vuelta al trabajo de las clínicas abortistas, tras la huelga de la semana pasada por la “persecución” a la que están siendo sometidas, tanto De la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, abrieron tímidamente el melón de una posible reforma de la ley del aborto, prometida en el 2004 por el presidente del Gobierno, pero nunca llevada a cabo. Aunque explicó que tal modificación no está en la agenda del Ejecutivo, la vicepresidenta dijo que sí “pretende abrir un debate y una reflexión sobre una nueva norma, sobre cómo funciona la actual para ver si hay que promover una nueva”. Algo similar señaló Bermejo: “La ley actual ha funcionado, pero eso no quiere decir que, si las necesidades sociales son otras, haya que replantearse la cuestión”.
Las clínicas abortistas mantendrán esta semana en Madrid un encuentro con Bermejo y el titular del Ministerio de Sanidad, Bernat Soria. El fiscal general del Estado, según dijo ayer De la Vega, estará “vigilante y atento”.

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martes, 08 enero 2008

EL FISCAL ORDENA REABRIR EL CASO DEL ACCIDENTE DEL YAK-42, EN EL QUE MURIERON 62 MILITARES ESPAÑOLES CUANDO REGRESABAN DE TURQUÍA EN MAYO DE 2003, SIENDO MINISTRO DE DEFENSA FEDERICO TRILLO

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha pedido hoy a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene reabrir la parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42 -en el que fallecieron 62 militares en Turquía el 26 de mayo de 2003- relativa a la contratación del avión. Cuando se produjo el accidente era ministro de Defensa, Federico Trillo, del Partido Popular. Ahora Trillo es diputado nacional del PP y, posiblemente, sea cabeza de lista del partido conservador por Alicante en las próximas elecciones del 9 de marzo.

Grande-Marlaska había sobreseído el caso. El fiscal Zaragoza pidió hoy que se reabra el caso, teniendo en cuenta los recursos de apelación que interpusieron los familiares de los militares fallecidos, contra el auto en el que juez Fernando Grande-Marlaska sobreseyó el pasado 1 de junio esta parte del procedimiento ante “la ausencia de indicio racional de criminalidad alguno por parte de funcionario español”. El fiscal, que no recurrió en su día este archivo, optó hoy por apoyar los recursos de las acusaciones particulares al considerar que “las víctimas, los familiares, los militares muertos, merecen un acto de Justicia que se lo puede dar este tribunal ordenando una investigación”, investigación que cree que hasta ahora ha sido insuficiente.

La responsabilidad del ministerio de Defensa. Zaragoza recordó que esta misma Sala, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ya ordenó, el 15 de julio de 2003, al Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, del que ahora es titular Grande-Marlaska y del que en esa fecha lo era Teresa Palacios, que “era preciso instruir diligencias para investigar la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Defensa” en estos hechos. Según Zaragoza, existen elementos suficientes para volver a ordenar que se haga una investigación porque, hasta ahora, el juez instructor “ha cercenado” la práctica de las diligencias que se le han pedido.

Ni una sola diligencia. En este sentido criticó que Grande-Marlaska, en un año que lleva al frente del juzgado, no ha “practicado una sola diligencia para investigar” el accidente, y consideró que no debió acordar el sobreseimiento libre “cuando existe un hecho delictivo, como reconoce el propio juez en su auto”. En su auto, el juez aseguraba que el avión era “apto para volar” y atribuía el siniestro a la “falta de preparación” de la tripulación, que también falleció en el accidente.

Mucho por  esclarecer. “Si el piloto es culpable, no se puede ordenar el archivo”, indicó Zaragoza, criticando que con esta decisión se dejan de investigar “muchas circunstancias”, como la “falta de preparación de la tripulación”, que no funcionara “el control de voz de la cabina”, que la “carga de combustible fuera insuficiente”, que la compañía a la que se contrató el vuelo “no tuviera licencia comercial”, o que “el avión no tuviera la documentación para aterrizar en España”.

El personal de vuelo embriago. “El personal estaba embriagado, no funcionaba la caja negra…”, prosiguió Zaragoza al insistir en que se dan los elementos “suficientes para hacer una investigación”, porque “¿se imaginan si esto hubiera ocurrido en un vuelo comercial? Se hubiera investigado hasta al apuntador”, sentenció. Las acusaciones particulares que recurrieron el archivo, y que culpan a Defensa de lo ocurrido, expusieron por su parte los mismos argumentos que el fiscal y criticaron que el juez mantuviera que la contratación del vuelo (hecha a través de una agencia de la OTAN llamada NAMSA que luego subcontrató el transporte a la compañía ucraniana Um Air) fue por medio de un contrato privado.

El ministerio de Defensa, al corriente de la contratación del vuelo. “En ningún caso puede ser privado, ya que el Ministerio estaba al tanto de la contratación y subcontratación del vuelo”, manifestaron los abogados de la acusación, que denunciaron además que Defensa consignara un pago de 149.000 dólares por el vuelo pero luego realmente se pagaran por él 41.000 dólares, “de manera que hay 108.000 dólares” que “se perdieron por el camino”. Por su parte, la defensa de Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa cuando Federico Trillo era el ministro de ese departamento, planteó que “cuando se dice que no se ha investigado, me recuerda a lo que dijeron algunos medios sobre el 11-M”. “No hay nada más que saber, el auto del juez es ajustado a derecho. Se sabe que las autoridades y funcionarios de Defensa no tienen ninguna responsabilidad, y se sabe que la causa del accidente es un error humano”, señaló el abogado Joaquín Rodríguez Ramos.
Al archivo de esta parte del procedimiento se sumó después el sobreseimiento que acordó Grande-Marlaska en noviembre respecto a la investigación sobre las irregularidades en la identificación de 30 de los 62 cadáveres, dando así carpetazo a la causa en su totalidad, decisión que, en este caso, ha sido recurrida, además de por los familiares, por la Fiscalía, aunque aún no hay señalamiento para la vista de estos recursos.

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A PESAR DE TODAS LAS PATALETAS DEL PP LOS JOVENES VALENCIANOS PODEIS PEDIR DESDE HOY LOS BENEFICIOS DEL PLAN JOVEN DE VIVIENDA.
¡QUE NO OS ENGAÑEN, LAS AYUDAS SON ACUMULABLES!
Economía
Las ayudas para alquiler, pendientes del conflicto entre Consell y Ministerio
Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy la renta de emancipación

Unos 42.000 jóvenes valencianos pueden solicitar desde hoy las ayudas al alquiler, pese a que Consell y Ministerio de la Vivienda mantienen una disputa sobre la competencia de estas subvenciones.

Según estimaciones del propio Ministerio, en toda España alrededor de 360.000 jóvenes se podrán beneficiar de la Renta Básica de Emancipación, que incluye ayudas al alquiler de 210 euros mensuales, así como un préstamo de 600 euros para cubrir la fianza y 120 euros para el aval, siempre que haya sido contraído con un avalista privado.Las comunidades autónomas serán las encargadas de recibir las solicitudes y comprobar que los demandantes se ajustan a los requisitos fijados. A continuación, remitirán las peticiones al Ministerio de Vivienda, que se encargará del pago a los beneficiarios. Así, el Gabinete de Carme Chacón prevé dar las primeras órdenes de pago a partir del mes de febrero.

Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, las ayudas han dado origen a una disputa entre las administraciones autonómica y central que llevó al Consell a interponer un requerimiento de incompetencia al Gobierno central en relación con el decreto por el se regulan esta Renta Básica por entender que es una injerencia en la competencia autonómica en materia de vivienda. Esta iniciativa de la Generalitat antecede a la interposición del correspondiente conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.En esencia la posición del Gobierno valenciano se circunscribe a que el dinero de las ayudas se transfieran para que sean las autonomías quienes gestionen los fondos destinados por el Estado a subvenciones en una materia en la que la titularidad exclusiva es autonómica, como recoge el artículo 49 del Estatuto de Autonomía.El Ministerio, por su parte, pretende que la cobertura estatal sirva para que los jóvenes puedan acceder a esas ayudas con independencia de la comunidad en la que residan.

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El conflicto no supondrá la paralización de las ayudas cuya gestión conjunta Estado-Autonomía se fijó en un convenio suscrito por ambas partes el 3 de diciembre del año pasado.

El acuerdo entre la ministra Chacón y García Antón incluía la creación de oficinas de “Ventanilla Única” de vivienda para la solicitud de estas ayudas en las localidades de Alicante, Castellón, Valencia, Elche, Gandía, Ontinyent, Xàtiva, Morella, Segorbe, Sagunto, Elda, Orihuela, Denia y Liria.Además, los jóvenes podrán acceder al impreso de la solicitud a través de la web del Ministerio de Vivienda (http://www.mviv.es).

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