POLÍTICA

Montes: “Habrá denuncias y querellas por las acusaciones de mala práctica”

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La demora de Bienestar Social en declarar los grados de minusvalía bloquea ayudas a los discapacitados

La Síndica realiza una crítica “feroz” del tratamiento a enfermos mentales

J. L. G./E. P., Valencia
La vertiente asistencial y sanitaria de la gestión de la Generalitat Valenciana es una de las que peor paradas salen del informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2006. La responsable de la institución se muestra crítica por la reiteración, “año tras año”, de las quejas en relación a la tardanza de Bienestar Social en resolver la calificación y establecer el grado de minusvalía de las personas discapacitadas. Se trata de quejas tramitadas en 2006, pero de plena vigencia, en relación con el bloqueo que sufre la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana.
Especialmente gráfica resulta la reflexión de la Síndica, Emilia Caballero, en una queja de oficio: “¿De qué sirven todas las políticas legislativas, organizativas, presupuestarias y de todo tipo a favor de los discapacitados, si la puerta de entrada a ellas está cerrada y tarda más de un año en abrirse desde que se llama?”.
Además, el informe se refiere a quejas de ciudadanos hacia otras administraciones “en las que en realidad la Conselleria de Bienestar Social es la responsable del problema”.
A modo de ejemplo, la Síndica explica que un ayuntamiento no creaba la plaza de aparcamiento que un ciudadano discapacitado le reclamaba: el consistorio alegaba que “todavía no se había dictaminado sobre la minusvalía”.
En definitiva, se constata “no ya una falta de eficacia sino el incumplimiento del plazo máximo para resolver”.
Ante esta situación, la Síndica pide a la Administración en su Informe de 2006 que resuelva la tramitación de los expedientes de calificación del grado de minusvalía “en el menor tiempo posible y, en todo caso, dentro del máximo reglamentario establecido”.
Falta rehabilitación e integración
Además, la Síndica se refiere también a la “ausencia de centros para discapacitados en la Comunitat” y en este sentido, recuerda a la Conselleria de Bienestar Social que la Constitución “encomienda a los poderes públicos la realización de políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos”.
Por otro lado, en el apartado de Atención Socio-Sanitaria recoge quejas relacionadas con la atención a personas convalecientes y terminales, y a aquellas personas que padecen enfermedades mentales, apartado este último en el que realiza una crítica “feroz” a la “carencia” en el ámbito sanitario de programas de tratamiento asertivo, y reconoce que la situación en el caso de los centros residenciales es mejor, aunque “dista mucho de ser óptima”, matiza.

POLÍTICA

 27/12/2007

El PP actuó como ventilador de la conspiración del 11-M y tendrá que responder por ello el 9-M

El año en que se disolvió la ignominia

No existen antecedentes en ningún país de la Europa Occidental, en ninguna democracia estable. Lo ocurrido durante tres años y medio, desde la mañana del 11 de marzo de 2004, cuando estallaró el racimo de bombas en la estación de Atocha, hasta la publicación de la sentencia del 11-M, pasará a la historia de la ignominia, quedando retratados para siempre los políticos y periodistas que pasando por encima de la dignidad de las víctimas, intentaron que la mentira quedase establecida como verdad. Su pretensión ha quedado frustrada por la contundencia de los hechos. Pero no han pedido perdón ni piensan hacerlo.

Ha existido una mixtura de cobardía colectiva y una ley del silencio impuesta por los poderosos medios de comunicación que han participado en la conjura. La ignominia se ha disuelto en la contundencia de la sentencia judicial, pero los culpables de esta conspiración todavía no han pagado sus fechorías. La estrategia emprendida ahora por los oficiantes de esta confabulación es dejar que el tiempo pase y suavice los efectos insoportables de la vergüenza. Pero ellos no se dan por aludidos.Estrategia del olvido
La gran tragedia de España es que no existe todavía un Rubicón que determine la imposibilidad de retorno en las conductas como las que estamos analizando. El miedo a los poderosos medios de comunicación ultra conservadores, al poder de la Iglesia Católica, a las practicas abominables del periodismo que realiza El Mundo, ha impedido una respuesta de repudio a estas formas de actuación. Y ahora el silencio y la retirada paulatina, sin reconocer los hechos, pretende que mediante el olvido se evite la petición de responsabilidades.El PP, con los conspiradores
Las próximas elecciones del mes de marzo son un factor decisivo para la exigencia de responsabilidades políticas. El PP ha desarrollado las dos terceras partes de la legislatura apoyando sus políticas en dos pilares indignos. De una parte, la teoría de la conspiración pretendía una sórdida empresa de encubrimiento de la presencia de ETA en el atentado de Atocha. No importó sembrar la sospecha sobre policías, guardias civiles, fiscales y jueces. Sin aportar ni siquiera una prueba o un indicio razonable, el ventilador de la sospecha la extendía recurriendo a inventos periodísticos, a pruebas fabricadas y pagadas a delincuentes que finalmente quedaron condenados.

Pretendida rendición ante ETA
La otra pieza fundamental de la estrategia del PP era la pretendida rendición del Gobierno a ETA. Sucesivas manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) increpaban al Gobierno, fortalecían a ETA y sembraban la división entre los españoles. Los hechos también se han impuesto sobre estas pretensiones. Ahora, la firmeza del Gobierno en la lucha contra ETA, la eficacia policial y la excelente colaboración francesa son un rotundo desmentido de esta parte de la estrategia del Partido Popular.

Rajoy baja en popularidad
La tozudez de las encuestas sitúan a Mariano Rajoy en los límites más bajos de la popularidad en los que nunca se ha asentado un líder de la oposición. La angustia en el PP ante las próximas elecciones es tanta que el debate se centra en si Alberto Ruiz-Gallardón ira o no en las listas electorales. Lo que pudiera colaborar en la salvación de Mariano Rajoy es al mismo tiempo la máxima amenaza para su futuro.

El PP no tiene nada que ofrecer
Con las dos piezas básicas de la estrategia popular –la teoría de la conspiración sobre el 11-M y la rendición del Gobierno a ETA- totalmente diluidas por la rotundidad de los hechos, el PP se presenta a las próximas elecciones sin nada que ofrecer. Lo peor que tienen las catástrofes anunciadas y los Apocalipsis amenazadores es que tienen que cumplirse para que surtan efectos. Y aquí, de lo que predicaban estos amorales, no se ha cumplido nada.

C.C.

Defender los derechos de los niños y niñas

La Convención de los Derechos del Niño cumple 18 años sin que todos los países hayan ratificado aún este tratado ni se garantice su cumplimiento efectivo

La Convención de los Derechos del Niño cumple 18 años y es hora de hacer balance. Las ONG que trabajan en el ámbito infantil reconocen que, gracias a este texto, se ha conseguido descender la tasa de mortalidad y mejorar el acceso a la educación. Sin embargo, reclaman el cumplimiento efectivo del tratado, que aún no ha sido ratificado por Estados Unidos ni Somalia. Las estadísticas son demoledoras: unos 218 millones de trabajadores infantiles, cerca de 20 millones de niños y niñas que sufren malnutrición severa, más de 1.000 muertes cada hora… “Es un momento para reflexionar sobre los avances realizados y los desafíos pendientes”, advierten las organizaciones.

• Autor: Azucena García | 
• Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2007

Derechos de la infancia

Alan Nudman

Este año se conmemora la mayoría de edad de la Convención sobre los Derechos del Niño. Un texto que fue aprobado el 20 de noviembre de 1989 y que se ha convertido en el tratado internacional más ratificado del mundo. Sólo Estados Unidos y Somalia no lo han respaldado todavía. Su contenido es jurídicamente vinculante, lo que significa, según recuerda Unicef, “que su cumplimiento es obligatorio”. Sin embargo, un año más, con motivo de la celebración del Día Universal del Niño, las estadísticas vuelven a recordar que todavía hay unos 218 millones de trabajadores infantiles, más de 70 millones de niños y niñas que no van a la escuela, cerca de 20 millones que sufren malnutrición severa, más de 13 millones que son huérfanos por el sida, unos 10 millones de menores de 5 años que mueren cada día por enfermedades, en su mayoría, prevenibles y tratables… Éstos son sólo algunos datos.

“El 18 aniversario es un momento de celebración y de difusión de los derechos de todos los niños, pero también un momento para reflexionar sobre los avances realizados y los desafíos pendientes”, recuerdan desde Unicef. Lo ideal sería que todos los países aplicaran este tratado para mejorar la vida de millones de niños y niñas, por lo que esta organización ha creado el programa CDN@18, que pretende dar a conocer los derechos de los menores para motivarles a jugar “un papel activo” que ayude a difundir el impacto y la relevancia que estos derechos tienen en sus propia vidas. “A pesar de que se ha avanzado mucho sobre el papel, todavía queda un largo camino para asegurar ese cumplimiento efectivo de los derechos”, añade un portavoz de Save the Children.

“A pesar de que se ha avanzado mucho sobre el papel, todavía queda un largo camino para asegurar ese cumplimiento efectivo de los derechos” de los niños y niñas

La Convención de los Derechos del Niño ampara a todos los menores de 18 años, “sin excepción”, a los que reconoce el derecho a la identidad, a la libertad de expresión y de asociación, a la salud, a la educación y a la protección. También garantiza el derecho de los niños a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que les afectan. Es imprescindible que todos estos derechos sean respetados y que exista un compromiso para ello. “Sin embargo tenemos que constatar otro hecho: a pesar de que se ha avanzado mucho sobre el papel, todavía queda un largo camino para asegurar ese cumplimiento efectivo de los derechos”, lamenta Save the Children.

Desde Manos Unidas recuerdan que la mayoría de los pequeños a los que no se respeta estos derechos viven en países en vías de desarrollo, donde existen leyes que, en teoría, les protegen y amparan, pero “no se dan las circunstancias ni económicas ni sociales que les permitan desarrollar los primeros años de su vida al cuidado de sus familias e instituciones”. Por su parte, el informe ‘Un panorama del bienestar infantil en los países ricos’, del Centro de Investigaciones Innocenti, de Unicef, revela que en estos países “no existe una correlación evidente” entre el bienestar infantil y el PIB per capita. Tener más dinero no es sinónimo de felicidad. “La República Checa, por ejemplo, alcanza una posición general de bienestar infantil más alta que muchos países más ricos, como Francia, Austria, los Estados Unidos y el Reino Unido”, detalla el estudio.Avances y desafios.

Los niños y niñas constituyen un tercio de la población mundial. Son el futuro y, por ello, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por conseguir avances en el acceso a la educación, así como la reducción del trabajo infantil. No obstante, Unicef identifica cinco prioridades relacionadas con los más pequeños:

• Aumentar las tasas de supervivencia y desarrollo.
• Prestar una educación básica universal y potenciar la educación secundaria.
• Garantizar la protección infantil contra la violencia y la explotación.
• Proteger frente al VIH/sida.
• Promocionar políticas y alianzas a favor de los niños y niñas.

Respecto a los avances, se ha producido un descenso en la mortalidad infantil, que ha pasado de 12,7 millones en 1990 a 9,7 millones en 2006. Además, aunque todavía 115 millones de niños y niñas no asisten a la escuela, en 2005 el 89% tenía acceso a la educación frente al 86% de 1990. Por otro lado, el número de trabajadores infantiles descendió un 11% desde 2002 hasta 2006.

La Convención sobre los Derechos del Niño ha logrado cambios importantes en la vida de los más jóvenes. Además de los citados, se ha conseguido que el castigo físico sea declarado ilegal en el ámbito de la familia. De hecho, 14 países del mundo lo han prohibido expresamente. En la escuela, los países firmantes de la Convención se comprometen a impartir educación obligatoria y gratuita a todos los niños y niñas, al menos en la enseñanza primaria, y en España se ha ampliado también a los niños entre 3 y 6 años.

Protocolo en conflictos armados

Una de las principales preocupaciones de los países firmantes de la Convención de los Derechos del Niño es la participación de estos en los conflictos armados. Según datos de Naciones Unidas, en 2006 había más de 250.000 niños y niñas involucradas en conflictos armados. Por ello, la Convención cuenta con un Protocolo que insta a los países firmantes a adoptar “todas las medidas posibles” para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades, censura el reclutamiento obligatorio y defiende la aplicación efectiva de todas las disposiciones de este Protocolo.

Diez años después de la publicación del informe de Naciones Unidas “Las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños” (1996), conocido como Estudio Machel, un nuevo informe evalúa los progresos y define las dificultades y las prioridades decisivas para el futuro del Programa de los Niños y los Conflictos Armados. Este informe recoge opiniones de unos 1.700 jóvenes de 92 países en conflicto, reunidos mediante una serie de debates de grupos organizados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras ONG.

En el informe, titulado “¿Nos escucharán?”, los jóvenes piden que sus derechos sean respetados y protegidos por todas las personas, reclaman justicia y protección contra la violencia para que ningún menor pueda ser utilizado como soldado, “esposa de campaña” o esclavo, abogan por espacios seguros libres de conflicto donde poder estudiar y jugar, defienden la reconstrucción de las escuelas, los hospitales y las clínicas que han quedado destruidas, piden trabajo y medios para sobrevivir, y exigen atención para los niños y niñas excluidos.

Mejorar la calidad de vida de los menores

David Garzon

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a favor de los niños permite en gran medida mejorar la calidad de vida de estos. En muchos casos, estas organizaciones se encargan de velar por el cumplimiento de sus derechos y les garantizan un entorno estable y seguro. Los programas que desarrollan se centran en aspectos tan importantes como la salud, la educación y la alimentación.

Atención a menores enfermos. Estos proyectos centran sus esfuerzos en atender a niños y niñas enfermos que no pueden ser tratados en sus países de origen. Es el caso de la Asociación Mensajeros de la Paz, que traslada hasta España a pequeños víctimas de conflictos bélicos para proporcionales el tratamiento médico y psicológico que necesitan. La Asociación también cuenta con centros sociales en varios países del mundo, en los que presta atención infantil, y realiza actividades como la distribución de juguetes en centros escolares.

Acceso a la educación. Save the Children puso en marcha hace algo más de un año la campaña ‘Reescribamos el Futuro’, que ha logrado que 3.4 millones de menores en más de 20 países hayan mejorado la calidad y la seguridad de su educación, y otros 590.000 hayan accedido por primera vez a la educación primaria. El objetivo es lograr la escolarización de al menos ocho millones de niños en países en conflicto hasta 2010. Otra de las acciones de esta ONG es la carrera escolar “Kilómetros de solidaridad”, cuyo objetivo es también ofrecer educación y atención sanitaria a miles de niños y niñas.

Combatir la desnutrición. La ONG Ayudemos a un Niño dispone de Unidades de Recuperación Nutricional (URN) en Nicaragua, el segundo país más pobre de Latinoamérica. Este programa se desarrolla desde 2002 en más de 22 comunidades y en la actualidad beneficia a más de 3.000 niños y niñas. Mediante este proyecto se ha conseguido disminuir los casos de desnutrición y enfermedades carenciales. Las instalaciones son cedidas por las diferentes comunidades y gestionadas por un equipo de madres voluntarias.

Garantizar la atención sanitaria. La falta de medicamentos y de facultativos es uno de los problemas más acuciantes de los países en vías de desarrollo o en conflicto. La atención sanitaria no siempre está garantizada y esto implica consecuencias tan graves como la muerte de millones de niños cada año. La solución que encuentran las organizaciones no gubernamentales son la instalación de consultorios permanentes en las zonas más afectadas o la utilización de unidades móviles, que permiten llegar a los lugares más alejados y trasladar a los enfermos para recibir la atención que necesitan.

lunes, 10 diciembre 2007

EL CIRCUITO URBANO DE FÓRMULA UNO EN VALENCIA AUMENTA LOS PELIGROS DE RIADAS E INUNDACIONES PORQUE IMPIDE EL DESAGÜE NATURAL Y TAPONA LOS OJOS DEL PUENTE DE ASTILLEROS…

La Asociación de Vecinos de Nazaret ha denunciado que la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno aumenta el riesgo de inundación de este barrio, al invadir el cauce del río Turia y desnivelar sus márgenes, disminuir su capacidad de desagüe y tapar varios ojos del puente de Astilleros. El portavoz de este colectivo vecinal, Julio Moltó, tras la asamblea informativa que mantuvo con otras asociaciones la semana pasada, en la que se ha analizado el impacto que el circuito urbano de Fórmula Uno tendrá en este barrio valenciano.

Salvar Nazaret de riadas. Moltó ha manifestado que obstaculizar las aguas pluviales es un tema “alarmante” para los vecinos y ha advertido de que podría ser un problema “más grave” que el que atañe actualmente al Palau de les Arts. También ha instado al Ayuntamiento de Valencia a que trabaje para que esta nueva situación de Nazaret sea contemplada por el Plan de Acción Territorial Sectorial (PATRICOVA) sobre prevención de riesgos de inundación.
Según Moltó, el circuito urbano “que podría estar en funcionamiento hasta el 2022, supondrá peores condiciones de vida para los vecinos todos los veranos”.

La Fórmula Uno: ruido, contaminación y colapso de tráfico. Entre las causas, se ha referido al ruido “insoportable”, la contaminación atmosférica, el colapso circulatorio “debido a la falta de aparcamientos” y el aislamiento del barrio que supondrá el corte del puente Astilleros durante la celebración del Gran Premio de Europa. Asimismo, ha calificado de “muy preocupante” que esta instalación se esté realizando “sin licencia de obras, sin estudio de impacto ambiental e incumpliendo el Plan General de Ordenación Urbana que indica que el cauce del río es zona verde”. Por último, ha destacado que la actividad de esta instalación es “molesta, contaminante y peligrosa” para los vecinos de Nazaret.

Pilar Manjón denunciará a la mujer de Bermúdez porque su libro la pone en peligro

20MINUTOS.ES. 24.11.2007 - 08:20h

• La publicación, escrita por la esposa del presidente del tribunal, ha abierto la veda de un rosario de denuncias por parte de algunos aludidos.
• La Asociación de Víctimas del 11-M estudia presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
• El juez Alfonso Guevara, miembro del Tribunal del 11-M, trasladó su malestar por lo que considera “deslealtad”.
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Minuteca todo sobre:

• 11M,
• Bermúdez

La aparición de un libro sobre el proceso judicial del 11-M escrito por la esposa de presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, narrando algunos datos considerados como “privados” ha abierto la veda de un rosario de denuncias por parte de algunos aludidos que consideran un atropello que haya salido a la luz esta publicación. Incluso el propio presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar sintió “indignación”, según publica El Mundo.

La propia Pilar Manjón  denunciará a la autora del libro por revelar detalles comprometedores sobre un encuentro que tuvo la demandante con el juez, en el seno de la investigación sobre el terrorismo yihadista, según ha anunciado la Cadena Ser.

La Presidenta de la Asociación de Victimas del 11-M se ve en peligro  porque el libro explica como Manjón facilitó datos a la Audiencia Nacional, aportados por una testigo que reconoció a uno de los autores del atentado de 1985.

En esta fecha tuvo lugar el primer atentado de corte yihadista en España, en el  restaurante El Descanso de Madrid. Allí murieron 18 personas, y más de 100 resultaron heridas.

Pilar considera que revelar detalles de su colaboración con la justicia es “una frivolidad irresponsable” que dice, la coloca en la diana de los yihadistas.

‘La soledad del juzgador‘, escrito por Elisa Beni, ha caído como un jarro de agua fría a la Asociación de Víctimas del 11-M en su conjunto. Los integrantes de este coletivo aún no han tomado una decisión definitiva al respecto pero barajan formalizar una demanda, aunque no descartan tampoco renunciar a la puesta en marcha de medidas formales.

Las víctimas, ofendidas

Y es que las víctimas de los atentados de Madrid se han sentido especialmente ofendidas por las referencias que figuran en el libro sobre la reunión celebrada por el presidente del tribunal del 11-M con un grupo de niños familiares de fallecidos o heridos.

Elisa Beni relata en la publicación una visita realizada por varias decenas de niños y adolescentes durante el transcurso de la vista oral a la Audiencia Nacional en la cual los menores entregaron al juez una caja con un cartel en el que se leía ‘Secretos’ y que incluía mensajes privados destinados al magistrado.

Misivas expresando su malestar

Pero no es la única queja. El juez Alfonso Guevara, miembro del Tribunal del 11-M, trasladó su malestar por lo que considera un “deslealtad” por parte de Bermúdez. Aún se desconocen las repercusiones del envío de una carta expresando su malestar, aunque el magistrado indicó que su intención al mandar esta misiva ha sido “únicamente” para “informarle”.

De hecho, el magistrado precisó también que no le supone ningún problema que la esposa del presidente del tribunal del 11-M haya escrito este libro pero destacó que no deseaba que se le citara a él “y menos para dejarme mal”.

Críticas de compañeros

Muchos de los compañeros del juez consideran la publicación como el resultado de una recopilación de “chascarrillos de alcoba” y la califican como una “declaración de amor” a su esposo de la mujer de Gómez Bermúdez, que es periodista y actualmente ocupa la jefatura de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por su parte, otro miembro del Tribunal del 11-M, Fernando García Nicolás, quien no sabe si acudirá a la presentación, se limitó a decir que respeta las sentencias que todavía “no son firmes”. El juez Baltasar Garzón cree que es un “golpe bajo a las víctimas” mientras que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza considera que es “una frivolidad” contar este tipo de cosas porque “pueden dejar en muy mal lugar a algunos”, según recoge el diario ABC.

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La cara oculta del Síndrome de Ulises

El síndrome de Ulises se identifica con los problemas psicológicos que padece el inmigrante asociados al estrés crónico que se deriva de su situación

El síndrome de Ulises es una metáfora atribuida a Joseba Achotegui, psiquiatra del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR) de Barcelona, para caracterizar la salud de personas expuestas a situaciones límite y en tierra extraña. Insomnio, cefaleas, ansiedad, pérdida de orientación, fatiga crónica, molestias osteomusculares e irritabilidad, son sus síntomas más característicos.

• Autor: JORDI MONTANER | 
• Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2007

Cristina M. Ueno

El Canto V de la Odisea, del poeta griego Homero, relata que Ulises «pasaba días sentado en las rocas a la orilla del mar, consumiéndose a fuerza de llanto, suspiros y penas». Joseba Achotegui, psiquiatra del Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados (SAPPIR), de Barcelona, especifica en su definición del síndrome que no se trata propiamente de una depresión, sino de un trastorno en el límite entre la salud y la enfermedad. Vivir en un país lejano hablando una lengua distinta, practicando otros ritos y luciendo unos rasgos físicos diferentes a los de la población residente, no es fácil.

Recalar en los nichos sociológicos más marginales, acceder al mercado del trabajo por los puestos más despreciados y trabajar con salarios irrisorios o sin vacaciones, no ayuda, insiste el especialista, a estar sano.

Un problema sanitario

Se trata de un reto social que en España tiene todavía mucho camino por delante, pero los médicos advierten de que ya supone un problema asistencial. En los últimos cuatro años se ha incrementado en casi un 4% el número de pacientes inmigrantes atendidos en las consultas de atención primaria por infecciones respiratorias, problemas gastrointestinales, dolores musculares o heridas por accidentes, casi siempre ligados a su precaria situación sociolaboral.

El pasado 9 de noviembre, en Valladolid, la sociedad profesional española de médicos de familia hizo público un informe en el que se especifica que los centros de salud y los servicios de urgencias son los primeros puntos de acceso a los servicios sanitarios de los inmigrantes, y que el idioma y las diferencias culturales exigen que el médico invierta más tiempo en estas entrevistas clínicas que en las demás.

Los expertos aclaran que, aunque una mala calidad de vida condiciona por igual la salud de un nacional que la de un inmigrante, es este último quien enferma haciendo frente a problemas como una situación irregular de residencia, condiciones laborales de alto riesgo, convivencia en zonas conflictivas, difícil acceso a los servicios sanitarios, falta de información y educación (el índice de analfabetismo no es nada despreciable) o problemas de comunicación relacionados con el idioma.

La atención sanitaria de los inmigrantes está limitada, entre otras, por diferencias de género culturales y dificultades idiomáticas

«A las enfermedades relacionadas con el trabajo», explica José Vázquez, coordinador del Grupo de Atención al Inmigrante de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, «hay que añadir las psicosomáticas y reactivas, que se derivan del proceso migratorio y que abarcan trastornos pseudodepresivos, insomnio y ansiedad, que en muchos casos no pueden superar por simple falta de recursos».

Vázquez anima a los médicos de atención primaria a «aprovechar cualquier contacto con el sistema sanitario para realizar actividades de prevención y promoción de la salud», y recuerda que en 2002 la proporción de pacientes inmigrantes atendidos era sólo del 1,65% respecto al total de las consultas, mientras que en 2006 pasó a un 5,08%.

Necesidad de cambios

En general, suscribe Vázquez, las condiciones de vivienda de estos pacientes suelen ser nefastas, y es muy frecuente que el inmigrante desarrolle empleos temporales y en muy malas condiciones, convirtiéndose en víctima propicia de accidentes laborales. Sin embargo, a pesar del aumento de la presencia de inmigrantes en las consultas, los médicos se quejan de que su atención no puede ser homogénea y que está condicionada por un origen geográfico indeterminado, situación administrativa confusa, diferencias de género culturales y dificultades idiomáticas.

En este sentido, Vázquez ve prioritaria la elaboración de planes de formación que faciliten el conocimiento de todos estos factores. «En la semFYC hemos elaborado un documento sobre atención al inmigrante que incluye un protocolo de atención inicial a estos pacientes en función de la zona de procedencia previsible y del tiempo que lleve en nuestro país». Dicho documento, explica, ofrece soluciones globales y facilita la labor del médico de familia con estas personas.

Los médicos de familia consideran que es muy importante desterrar el falso mito de que el paciente inmigrante importa enfermedades raras, «ya que el perfil que predomina es el de una persona joven y sana». Vázquez admite que la llegada masiva de inmigrantes desde países con elevada prevalencia de enfermedades o sin programas extendidos de control sanitario y vacunación, favorece la creencia de que pueden introducir patologías exóticas a nuestro país.

No obstante, los datos de que disponen los especialistas apuntan en la dirección contraria. «La salud de los inmigrantes que atendemos en España es normalmente superior a la de la población media existente en su país de origen, y si subrayamos que aquí es más frágil es por problemas relacionados con la diferencia de costumbres o de idioma, y con escasos conocimientos sobre el uso del sistema sanitario que aquí rige, lo que lleva tanto a situaciones de infrautilización como de uso excesivo», declara Vázquez.

PROPUESTA DE MEJORA

Tanya McConnell

Entre las propuestas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) para mejorar la atención sanitaria del paciente inmigrante, destacan su plena integración en el sistema nacional de salud, la dotación de recursos humanos y económicos en atención primaria con este fin concreto, la colaboración de mediadores interculturales e intérpretes y la creación de la denominada ‘carpeta del inmigrante’. Esta iniciativa funciona ya en Andalucía.

La Junta dota de ‘carpetas’ a una serie de inmigrantes con gran movilidad geográfica, redactadas en cinco idiomas diferentes y con información sobre estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que opera en toda España, sobre organismos a los que acudir para solucionar otros problemas de índole no estrictamente sanitaria y una historia clínica portátil (cibernética), cuyo objetivo es la transmisión correcta de información entre profesionales sanitarios que atienden en diferentes puntos geográficos, evitando una duplicidad de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

«Pero si se quiere proporcionar una atención de calidad a los inmigrantes», reivindica José Vázquez, coordinador del Grupo de Atención al Inmigrante de la semFYC, «se deben conocer las características culturales que los definen». Para ello son imprescindibles estudios epidemiológicos en el ámbito de la atención primaria, centrados en la heterogeneidad existente entre los distintos grupos de inmigrantes, sus riesgos de salud específicos, sus actitudes ante la enfermedad o en qué medida aceptan o rechazan los servicios de salud.

Juez acepta acuerdo Llanera Construcciones para la extinción de 156 empleos

15:37 - 16/11/2007

Valencia, 16 nov (EFECOM).-

El titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, Fernando Presencia, ha aceptado el acuerdo alcanzado entre los administradores concursales y los representantes de los trabajadores de la empresa Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL para la extinción de 156 empleos.

El acuerdo alcanzado, el único aportado por las tres empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo (ERE), recoge indemnizaciones de 25 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv).

El pasado 8 de noviembre tres de las seis empresas del grupo Llanera que se encuentran inmersas en concurso de acreedores presentaron solicitud de expediente de regulación de empleo, que plantea la extinción del 72% de los 328 contratos vigentes.

El auto dictado hoy por el juez acepta el acuerdo alcanzado el día 7 y que afecta a 156 de un total de 175 trabajadores, cuyos contratos podrán extinguirse con efectos inmediatos.

Llanera Construcciones, Obras y Proyectos SL es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos y, tras el ERE, sólo permanecerán en ella 19.

Según el Tsjcv, el magistrado autoriza a la empresa a comenzar a extinguir los contratos de los trabajadores desde hoy mismo con la obligación de adjuntar el auto judicial a la carta de despido.

Contra el acuerdo cabe recurso de suplicación, así como del resto de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Laboral, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos afecte a la tramitación del concurso.

El plazo para el ejercicio de las acciones que los trabajadores puedan ejercer contra este auto empezará a contarse desde la comunicación del despido.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia tiene pendiente de resolver el ERE de Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU, que propone extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 28 trabajadores.

Por su parte, Llanera SL se quedaría con 45 trabajadores, al extinguir 34 de los 79 contratos vigentes.

En estos dos últimos casos, el juzgado tiene que abrir el período de consultas a las partes (administración concursal y representantes de los trabajadores) para que intenten llegar a un acuerdo y, cuando se alcance, debe ser informado por la autoridad laboral antes de que resuelva el magistrado. EFECOM

im/jma

Inmobiliaria - Despidos
Llanera presenta un ERE para despedir al 72% de la plantilla

Llanera ha presentado esta mañana ante el juzgado que lleva el proceso concursal un expediente de regulación de empleo que afecta al 72% de la plantilla. En concreto, tres de las seis empresas del grupo que están en suspensión de pagos, proponen a los administradores concursales reducir de 328 a 92 el número de empleados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.Llanera Construcciones y Proyectos es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos, 175, de los que sólo permanecerían 19. En esta filial los administradores concursales y los trabajadores han alcanzado un acuerdo por el que los afectados recibirán 25 días de salario por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades.

En el caso de Llanera Urbanismo Inmobiliaria, la propuesta de la empresa es extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 19 trabajadores. Por lo que respecta a Llanera S.L, la propuesta empresarial es de resolver 34 de los 79 contratos vigentes, dejando una plantilla de 45 trabajadores.

En los dos últimos casos, al no haber acuerdo entre las partes, se abrirá un periodo de consultas entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores para intentar llegar a un acuerdo. Además, la Generalitat Valenciana deberá emitir un informe, no vinculante, sobre el expediente.

Llanera entró en suspensión de pagos el pasado dos de octubre. Las deudas del grupo inmobiliario superan los 700 millones de euros.

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2/11/2007  EL JUEGO SUCIO DEL PP Y SUS MEDIOS AFINES

¿Podemos fingir que no ha pasado nada?

1. • No se debe permitir que quienes han engañado a los ciudadanos en interés propio queden inmunes
   

TOÑO VEGA

CARLOS Carnicero*

Hay ocasiones en que la evidencia es tan insoportable que exige ser formulada para que la sociedad se vea reflejada junto a ella. Entonces hay que decidir si puede permitirse el lujo de que las culpas queden sin castigo. Si las felonías ni siquiera pagan el peaje del descrédito social, nada impedirá que vuelvan a producirse. Esa es la encrucijada en la que la sentencia del atentado de los trenes sitúa a la sociedad española.
Lo ocurrido en torno al 11-M ha quedado reflejado en la sentencia, que no deja resquicio para cuestionar lo sucedido y obliga a revisar lo que ha acontecido en España en los últimos tres años y medio. El resultado, en la parte que toca a los padrinos de la teoría de la conspiración, es la náusea.
La síntesis no es difícil: el PP, una vez que perdió las elecciones por su forma de gestionar el atentado, decidió persistir en el error, intentando que la deslegitimación de la victoria socialista fuera un atajo para recuperar el poder. A partir de ahí se estableció una espiral diabólica que retroalimentaba los intereses del PP y los de una pléyade de supuestos periodistas que han acreditado que la información no es para ellos más que un instrumento de sus intereses. El Mundo estableció líneas de investigación solo en la dirección de sostener su tesis, que se fue haciendo cada vez más perversa.

EL PRIMER axioma era la autoría de ETA, pese a que era imposible de defender: no ha existido nunca una evidencia que relacionara a la banda terrorista con el atentado. El segundo paso fue todavía más audaz y perverso: pretendía una conspiración de funcionarios públicos, exdirigentes socialistas y mandos enquistados en las fuerzas de seguridad que habrían sido instigadores o cómplices del atentado. La brutalidad de la acusación pretendía que se organizó el 11-M para desplazar al PP de la Moncloa.
Cada nueva diatriba de El Mundo, cada nuevo encargo a un confidente de cabecera, cada nueva insidia formulada sobre la manipulación de los hechos, ha tenido en la COPE su ventilador mediá- tico y en el Grupo Popular, la escenificación política: Mariano Rajoy, llegó a pedir la anulación de la instrucción del sumario.
La sociedad española, con una paciencia democrática franciscana, ha asistido a este espectáculo de irracionalidad sin poder hacer más que esperar a que la sentencia judicial zanjara una discusión imposible. No se puede establecer ningún mecanismo dialéctico fiable con quien no está sujeto a ninguna norma ética; con quien no se siente vinculado con la verdad y puede sostener una cosa y la contraria sin que le tiemble una ceja. Ahora hay una versión judicial de lo sucedido. Un auto impecable desde el punto de vista del derecho. Normalidad jurídica y constitucional acorde con nuestro Estado de derecho.
Los actuales dirigentes del PP pretenden que aquí no ha pasado nada. Tienen el cinismo, frente a las actas del Congreso y la testarudez de la hemerotecas, de pretender que ellos nunca cuestionaron ni al juez instructor ni los procedimientos. El cepillo de carpintero de esos comportamientos, la exigencia de responsabilidades políticas, la deben ejercer los ciudadanos ante la urnas. Allí se decidirá si los políticos que han tenido estos comportamientos pueden seguir en la política española. Nada más que decir de Rajoy y su equipo.
Y, ¿qué hacer con la jauría mediática que ha pretendido sostener lo que era imposible solo para satisfacer sus intereses? Nuestro sistema democrático consagra la libertad de opinión hasta el extremo de permitir la existencia de periodismo como el que practican la COPE y El Mundo. Los periodistas que han obedecido las consignas de estos ayatolás de la comunicación no han querido ejercer su cláusula de conciencia y han firmando cada crónica haciéndose cómplices de sus directores. Hace mucho tiempo que El Mundo y la COPE traspasaron los limites del periodismo sensacionalista para instalarse en la cumbre de la manipulación de la información.

 LA   ENCRUCIJADA a la que nos somete la sentencia es muy sencilla: ¿puede la democracia española permitirse el lujo de aparentar que aquí no ha pasado nada grave? ¿Podemos tratar a los obispos españoles, al director de El Mundo y a quienes han colaborado con él con indiferencia hacia sus responsabilidades en el desprestigio de las instituciones y en el encanallamiento de nuestra vida democrática?
Una sociedad que no protege sus principios es una sociedad indefensa. La sociedad española, sus instituciones, empresarios y políticos deben saber que permitir la simulación de honorabilidad de estos sujetos nos haría a todos cómplices de sus procedimientos. El Estado de derecho les permite hacer lo que han hecho con los límites de la comisión de delitos; la indignidad no siempre queda retratada en un comportamiento penalmente punible. Pero permitir que estos individuos pretendan ser como los demás españoles es, sencillamente, consagrar que comportamientos como los que han tenido sigan siendo posibles en el futuro.

* Periodista.