La normativa obligará a los hospitales a cumplir el deseo del paciente
4 de septiembre de 2008
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que está previsto que entre en vigor a finales del año 2009. Se trata de la primera ley de estas características que se aprobará en España, y en la que prevalecerá la voluntad del paciente.
Según recoge el documento, se otorga plena autonomía y libertad para morir de la forma más digna, en función de los deseos del enfermo. Asimismo se establece que los enfermos terminales puedan rechazar tratamientos aunque con ello puedan poner en riesgo su vida, así como su derecho a recibir información comprensible para facilitar la toma de decisiones.
El texto legal incluirá un glosario de términos en el que se definirán todos los conceptos reflejados en los artículo y establece novedades como la mejora en la accesibilidad a la elaboración de su testamento vital y su incorporación, a partir de ahora, a la historia clínica de la persona.
También se incluye la posibilidad de que se administren cuidados paliativos integrales a domicilio, o que los centros dispongan de habitaciones individuales para estos pacientes y sus familiares. El objetivo del gobierno andaluz al elaborar esta ley es conseguir una legislación que clarifique a la ciudadanía el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida. Asimismo, se intenta asegurar el respeto a su voluntad, dignidad y autonomía, a la vez que los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención y las funciones de los centros sanitarios e instituciones.
Ningún hospital público, privado o religioso podrá oponerse ya que su derecho prevalecerá sobre los criterios del centro o de sus equipos médicos. Sin embargo, la eutanasia activa queda fuera de esta ley, ya que está tipificada como delito dentro del Código Penal y la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia.
Según una encuesta realizada por la Consejería de Salud de esta comunidad autónoma en el 2007, en caso de no existir unos mínimos de calidad, ocho de cada diez ciudadanos se muestran favorables a no prolongar la vida de forma artificial.
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