LA JUNTA DE ANDALUCIA SELLA EL PACTO CON FINANCIERAS Y AGENTES SOCIALES PARA GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA.

15/12/2007

Sella el pacto con financieras y agentes sociales para construir 700.000 pisos

La Junta andaluza pone los “cimientos” para garantizar el derecho a una vivienda digna

S. COLADO

Las administraciones públicas autonómicas y municipales de Andalucía, empresarios, sindicatos y entidades financieras han sellado el Pacto por la Vivienda en esta comunidad cuyo objetivo principal es, según indicó Chaves, “el de preparar el camino para el ejercicio del derecho a la vivienda”. El acuerdo garantiza la construcción de 700.000 pisos en 10 años, de los cuales 300.000 serán de protección oficial. Este es un paso previo para el cumplimiento del proyecto de Ley para garantizar una vivienda en Andalucía, un intento pionero que trata de aunar un derecho constitucional con un impulso económico necesario en un momento de desaceleración de la construcción.

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El Pacto por la Vivienda en Andalucía firmado el pasado jueves incluye un convenio suscrito por la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias -FAMP-, los agentes económicos y sociales (los sindicatos CCOO y UGT, y la Confederación de Empresarios de Andalucía) y hasta 31 entidades de crédito, tanto privadas como públicas –cajas de ahorros y rurales-.

300.000 pisos protegidos en 10 años
El objetivo es el de construir en los próximos 10 años al menos 700.000 viviendas, de las cuales 300.000 serán protegidas. En el escenario de financiación que se ha establecido para la primera fase de ejecución del Pacto, hasta 2012, las 31 financieras firmantes aportarán 9.550 millones de euros en créditos para la construcción de las viviendas protegidas, si bien han ofertado un fondo de reserva que garantizaría hasta 18.250 millones si fuera necesario.

Otras aportaciones directas
Además, como explican desde la Consejería de Obras Públicas a elplural.com, todas las administraciones andaluzas y los empresarios (constructoras y promotoras) aportarían para inversiones directas una cifra estimada de unos 9.000 millones de euros más, una cantidad que se concretará según se vayan desarrollando los proyectos concretos en las diferentes localidades.

Un modo de reactivar la construcción
Desde la Junta señalan cómo este pacto representa “los cimientos” para el desarrollo futuro de la Ley de la Vivienda, actualmente en trámite en el Parlamento andaluz y que podría estar aprobada el próximo año tras las elecciones autonómicas. Si la Ley está encaminada a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, especialmente a los sectores que más dificultades tienen para acceder a ella, como los jóvenes, el pacto implica a todos los sectores sociales en un momento de desaceleración en la construcción. A los promotores y constructores, para que tengan nuevos incentivos para edificar, a los sindicatos, para intentar que no se destruya empleo en el sector o incluso que se genere.

Medidas para evitar especulación en suelo
Como explican desde Obras Públicas, los planes de la Junta para subsanar el problema de la vivienda tienen un enfoque integral del que suelo y su disponibilidad para evitar la especulación suponen una pieza fundamental. En este sentido y en un primer paso tendente a abaratar el terreno edificable, la Junta anunció ayer que sacaba a concurso público suelo del patrimonio público con capacidad para la construcción de 2.077 viviendas protegidas repartidas por las ocho provincias andaluzas. La futura ley contempla otras medidas como no autorizar nuevas construcciones hasta que las ya licitadas se hayan cumplido en los términos autorizados (en cuanto a la cantidad de viviendas y los equipamientos públicos previstos).